Es el monto del decomiso de los bienes que actualizaron los peritos oficiales. Tienen 10 días hábiles para hacerlo, sino se rematarán los bienes a su nombre.
El Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py intimó hoy a la ex presidenta Cristina Kirchner y al resto de los ocho condenados por el caso “Vialidad” a pagar 684 mil millones de pesos en concepto de decomiso por la maniobra fraudulenta que se comprobó en el caso.
Fuentes judiciales informaron que los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu le dieron a todas las partes 10 días hábiles para cumplir el trámite. Ese plazo vence el 13 de agosto a las 9:30 horas porque las próximas dos semanas son feria judicial y esos días no se cuentan como hábiles. En el caso que no paguen el dinero -para lo que la justicia abrió una cuenta especial en el Banco Nación- se rematarán los bienes que están a su nombre.
Los 684 mil millones de pesos no se reparten proporcionalmente entre todos las partes. El concepto es solidario, por lo que entre los acusados definen qué cantidad de dinero da cada uno bajo el mecanismo se decisión que también consideren. En dólares al cambio oficial son 537 millones. La expectativa es alguna parte intente objetar con una apelación la decisión del Tribunal Oral.
En el caso de Cristina Kirchner, los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola presentaron en el caso una lista de los bienes a nombre de la ex presidenta. Allí hay una caja de seguridad de 4.500.00 dólares -que era la de su hija Florencia Kirchner-. otra de un millón de dólares, propiedades en Santa Cruz y la ciudad de Buenos Aires y sus empresas, entre ellas Los Sauces. A nombre de Los Sauces está el departamento de San José 1.111, donde actualmente cumple la prisión domiciliaria en la causa Vialidad.
En su resolución, el tribunal explicó que el decomiso de los bienes se da como “determinación fehaciente del daño producido al erario público que, como contrapartida, fue considerado como provecho de un gravísimo hecho de corrupción”. En la causa se determinó que entre 2003 y 2015, durante los gobiernos de Néstor y Cristina, hubo irregularidades en las obras públicas concedidas al empresario Lázaro Báez para Santa Cruz.
Los 684 mil millones de pesos fueron determinados por los peritos oficiales de la Corte Suprema que actualizaron el monto de 85 mil millones de pesos que se fijó en diciembre de 2022 cuando se dio el veredicto. La actualización se hizo en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC. Por su parte, el perito oficial de Cristina Kirchner concluyó que el decomiso debía ser de 42 mil millones de pesos, el 6 por ciento del monto oficial. A esa cifra llegó porque tomó los montos de las obras actualizadas por la tasa pasiva promedio del Banco Central de la República Argentina.
El tribunal oral, en su resolución, avaló la conclusión de los peritos oficiales. “Las razones brindadas por la experta contable se aprecian sólidas y debidamente justificadas, en mérito de las normas contables invocadas en base a las cuales ordenó su actuación técnica para la actualización de la cifra que aquí nos ocupa. A tal punto que, más allá de lo dictaminado por los peritos que representaban los intereses de las partes, ninguno de ellos cuestionó ni impugnó la metodología concreta escogida y explicada por la perito oficial”, sostuvieron los jueces.
Los magistrados también señalaron que el IPC del INDEC fue el calculo que siempre se aplicó en la causa y rechazaron el peritaje del contador de Cristina Kirchner. “El cálculo de actualización que practicó partió de un valor de referencia distinto al indicado y en base al cual dictaminaron los otros expertos contables; dicha circunstancia nos exime de cualquier otra consideración en torno al método del cálculo en sí mismo”, sostuvieron.
Junto con Cristina Kirchner los condenados que deberán pagar los 684 mil millones de pesos son Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti y cinco ex funcionarios de Vialidad de Santa Cruz. Todos ellos están presos. La ex presidenta y Periotti en prisión domiciliaria.
