En un comunicado, los integrantes peronistas del Congreso de la Nación expresaron su pedido al Tribunal Oral Federal N°2. El próximo 7 de julio se fijó una audiencia para definir las visitas de la ex mandataria.
Un nuevo capítulo se abre en la discusión política tras la ratificación de la condena a Cristina Kirchner por parte de la Corte Suprema en el marco de la causa Vialidad. Esta vez, los senadores y diputados de Unión por la Patria le pidieron al Tribunal Oral Federal N°2 que los habilite para visitar a la ex mandataria en su departamento de Constitución, donde cumple la prisión domiciliaria.
Los integrantes de la bancada en la Cámara Alta y Baja, justificaron su propuesta en lo que consideraron principios democráticos fundamentales. La coalición argumentó que los legisladores electos actúan en función de la voluntad popular y resaltan la trascendencia institucional y política que representa la ex mandataria. Dentro del texto, los firmantes insisten en la necesidad de “respetar la investidura, la división de poderes y la plena vigencia de la representación política” como condiciones indispensables para el desarrollo democrático.
La notificación fue recibida por el tribunal mientras la situación judicial de la ex mandataria permanece en estudio y en la previa de la audiencia fijada para el próximo 7 de julio, instancia que será decisiva para determinar la modalidad y las condiciones en que podrá recibir visitas.
En la presentación, los representantes peronistas explicaron que su “mandato de representación popular” implica el derecho a participar en cuestiones de relevancia pública, “especialmente cuando involucran derechos fundamentales y equilibrios democráticos”. Para Unión por la Patria, esa prerrogativa no debe depender de la autorización del tribunal ni de notificaciones previas, al entenderse como una función inherente a su condición de representantes elegidos por voto ciudadano.
Entre los argumentos centrales expresados por los diputados y senadores, la coalición puso en primer plano las “facultades privativas del Poder Legislativo”, subrayando que la Constitución Nacional otorga al Congreso la función de representar a la ciudadanía y que los artículos 67 a 69 protegen este ejercicio de posibles interferencias externas. De acuerdo al documento, “las garantías constitucionales buscan proteger el libre ejercicio de esta representación, evitando interferencias”.
La comunicación extendida ante el tribunal destaca que las inmunidades parlamentarias “no son privilegios personales, sino garantías institucionales del Congreso para asegurar la libertad de acción y expresión en el desempeño de sus funciones, sin sufrir actos hostiles de otros poderes del Estado”. En ese sentido, solicitan que no existan restricciones que puedan interpretarse como una injerencia del Poder Judicial sobre las atribuciones reservadas para el Legislativo, ya que consideran que “impedir o restringir estas visitas sería una invasión a las potestades propias del Poder Legislativo, alterando el principio de división de poderes”.
“En circunstancias normales cualquier diputado o senador puede visitar a una persona con prisión domiciliaria o incluso a un establecimiento carcelario sin necesidad de aviso alguno o autorización previa, de hecho, es lo que ocurre habitualmente, pero tratándose de Cristina Fernández de Kirchner a quien le imponen condiciones distintas, estrictas y hasta inconstitucionales se debe garantizar que nuestras visitas no generen mayores restricciones hacia ella”, expresaron en un pasaje del escrito que se publicó en redes sociales.
El texto presentado ante el Tribunal Oral Federal N°2 otorga especial importancia al perfil de CFK. Definen su figura y su liderazgo dentro de la oposición como elementos que otorgan a este caso una dimensión política particular, y subrayan que limitar el contacto “no sólo afectaría nuestra labor parlamentaria, sino que implicaría un menoscabo al mandato popular que nos otorgaron todas aquellas personas que ven a Cristina Fernández de Kirchner como una líder política indiscutida”.
También fundamentan el pedido en su pertenencia institucional. Los representantes legislativos afirman que, como miembros de Unión por la Patria, y en su mayoría integrantes del Partido Justicialista, las visitas quedan enmarcadas dentro del funcionamiento democrático de los partidos políticos, cuyo rol en la estructura institucional argentina consideran esencial.
La decisión sobre el acceso de legisladores a la ex presidenta en su residencia está ahora en manos del tribunal, que recibirá a las partes en la audiencia del 7 de julio. El proceso judicial se enmarca en el debate sobre la posible existencia de condiciones distintas y más estrictas en comparación con otros casos de prisión domiciliaria.
Los legisladores advirtieron que sus visitas deben realizarse sin limitaciones adicionales que puedan agravar la situación de Fernández de Kirchner. Solicitaron, además, que la disposición judicial respete el equilibrio de poderes y la vigencia efectiva de los mandatos legislativos.
