Lo hizo al presentar su recurso de queja. Insistió con la postura que el Ministerio Público tuvo desde el inicio de la causa.
El fiscal de la Cámara Federal de Casación Penal Mario Villar le pidió hoy a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que condene a la ex presidenta de la Nación Cristina Kirchner a 12 años de prisión por el delito de asociación ilícita. Lo hizo al presentar su recurso de queja ante el máximo tribunal, lo que también más temprano había hecho la defensa de la ex mandataria con el reclamo de su absolución en la causa.
Villar, en su escrito de 10 páginas, mantuvo la postura de la Fiscalía desde el juicio oral. Allí Diego Luciani y Sergio Mola habían pedido que la ex presidenta sea condenada a 12 años de prisión por asociación ilícita y administración fraudulenta. Por mayoría, el Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py la condenó a seis años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta.
La Fiscalía apeló a Casación y en esa instancia Villar mantuvo el pedido de 12 años. Pero Casación, también por mayoría, ratificó el fallo. Así, Villar apeló a la Corte con un recurso extraordinario que fue rechazado, por lo que ahora acude directamente al máximo tribunal con un recurso de queja.
“La decisión de la CFCP luce arbitraria, ya que carece de fundamentos válidos y se limita a rechazar de forma aparente la postura y los recursos de esta parte. Las afirmaciones dogmáticas, las valoraciones aisladas, la omisión del contexto y de la prueba decisiva, transforman a la sentencia en una decisión inválida y dan cuenta de la existencia de diversas causales de arbitrariedad”, sostuvo el fiscal en su presentación ante la Corte Suprema para objetar el fallo de Casación.
Villar también apeló las absoluciones que se dictaron en el juicio oral y que ratificó Casación del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, del ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, y del ex funcionario de Vialidad de Santa Cruz Héctor Garro. La Fiscalía le pidió a la Corte Suprema que también sean condenados.
En su presentación, el fiscal resaltó que en la causa “se investigan graves hecho de corrupción realizado por funcionarios estatales y empresarios, se presenta un caso que compromete la responsabilidad internacional del Estado argentino, con lo cual el interés institucional se encuentra ampliamente acreditado, así como su naturaleza federal".
Así basó su pedido para que la Corte Suprema intervenga en el caso y acepte su planteo. Además, objetó que Casación haya rechazado su primera apelación para ir al máximo tribunal: “con tratamiento aparente de los agravios planteados por esta parte, fundamentos dogmáticos y un análisis fragmentado de las pruebas, el Tribunal Oral Criminal Federal y la Cámara Federal de Casación Penal excluyeron, de manera definitiva, la imputación del delito de asociación ilícita para alguno de los imputados y administración infiel para otros”.
Villar y la defensa de Cristina Kirchner no fueron las únicas partes que presentaron sus recursos de queja ante la Corte Suprema. También lo hicieron las defensas del ex secretario de Obras Públicas José López, del empresario Lázaro Báez, del ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti y los ex funcionarios de Vialidad de Santa Cruz Raúl Pavessi, Juan Carlos Villafañe y Mauricio Collareda. El plazo para completar las apelaciones vence mañana.
En su recurso de queja, la ex presidenta pidió su absolución y además que no intervenga en el caso el juez de la Corte Suprema Manuel García-Mansilla, a quien recusó.
Explicó que el juez fue designado por decreto por el presidente Javier Milei y que eso vulnera su independencia porque su continuidad en el cargo depende del jefe de Estado.
La defensa explicó que la semana pasada Milei dio un reportaje en el que sostuvo que Cristina Kirchner va a ir presa por esta causa. “En tal contexto, la integración de este Alto Tribunal con un magistrado nombrado en comisión, designado por el propio Presidente de la Nación, quien anticipa o reclama lo que debe resolverse en el caso, genera un fundado temor objetivo de parcialidad y fulmina toda posibilidad de que nuestra defendida reciba un juicio justo”, sostiene la recusación.
