El Supremo Tribunal Federal evalúa este martes si hay elementos suficientes para iniciar un proceso penal contra el exmandatario brasileño y otras siete personas.
La Corte Suprema de Brasil comenzó a examinar este martes si juzga a Jair Bolsonaro por el intento de golpe de Estado contra el gobierno de Lula da Silva.
La primera sala del Supremo Tribunal Federal (STF) brasileño evalúa por estas horas si hay elementos suficientes para iniciar un proceso penal contra el exmandatario brasileño y otras siete personas, acusadas como "el núcleo crucial" de la presunta conspiración contra quien lo había derrotado en las elecciones de octubre de 2022.
Se espera que la decisión se conozca este mismo martes o a más tardar el miércoles. La resolución está en manos de 5 de los 11 magistrados que componen la Corte. Entre ellos se encuentra Alexandre de Moraes, que es considerado un enemigo político para Jair Bolsonaro.
La defensa del exmandatario brasileño había solicitado previamente apartar del caso a tres magistrados, entre ellos a De Moraes, pero la Corte Suprema desestimó el recurso. El reconocido juez fue cuestionado en los últimos días por el propio Bolsonaro por tener "interés personal en el caso".
La sede del tribunal en Brasilia, donde se debate el posible proceso penal contra Bolsonaro, fue reforzada con mayor presencia policial y con controles más estrictos. En total son 34 los acusados que esperan la definición de la Corte.
Bolsonaro, quien se enfrenta a una posible condena de 40 años de prisión, llegó a la sala del tribunal acompañado de su abogado. El expresidente brasileño ocupó un asiento en la primera fila, delante del estrado de los jueces, según señaló un periodista de la agencia AFP.
La Fiscalía que llevó adelante la investigación previa señaló que el exmandatario brasileño lideró una organización criminal que planeó impedir la investidura del presidente Luiz Inácio Lula da Silva tras la derrota en las elecciones de octubre de 2022.
Bolsonaro fue imputado en febrero de este año por “golpe de Estado”, “tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho” y “organización criminal armada”, entre otros delitos.
La acusación que plantea la fiscalía sostiene que la conspiración golpista planeada por Bolsonaro contemplaba la elaboración de un decreto que justificaría un "estado de defensa" para revisar la validez del proceso electoral que le dio el triunfo a Lula da Silva.
Para los investigadores, el plan también contemplaba el crimen de Lula da Silva y del juez Alexandre de Moraes, pero no se habría consumado por falta de apoyo de los altos mandos del Ejército.
Entre los 34 acusados figuran exministros de Bolsonaro como Walter Braga Netto (Defensa) y Anderson Torres (Justicia), y un excomandante de la Marina.
La Fiscalía hizo su imputación apoyada en una investigación de la Policía Federal, que resultó en un informe de casi 900 páginas, donde también se vincula al expresidente brasileño con los disturbios del 8 de enero de 2023.
En aquella oportunidad, miles de simpatizantes bolsonaristas asaltaron y vandalizaron las sedes de los tres poderes en Brasilia, una semana después de la asunción de Lula da Silva como Presidente de Brasil. En ese momento, el líder de extrema derecha se encontraba en Estados Unidos.
“Se trata de la mayor persecución político-judicial de la historia de Brasil, motivada por deseos inconfesables, vanidades y claros intereses políticos de impedir que participe y gane las elecciones presidenciales de 2026″, escribió previamente en una nota.
El exmandatario brasileño espera competir en las elecciones presidenciales del próximo año, pese a estar inhabilitado políticamente, y cerró su mensaje con una fuerte crítica hacia la Justicia de Brasil: “Es un juicio político. ¿Con qué fin? Sacarme del escenario político para el año próximo“.
