Despacho exprés de la comisión de Asuntos Constitucionales. El Frente de Todos tuvo una postura errática entre quienes piden incorporar más delitos y los que rechazan la iniciativa en su totalidad.
La comisión de Asuntos Constitucionales del Senado dictaminó este miércoles, con firmas del oficialismo y la oposición dialoguista, el proyecto de Ficha Limpia, que modifica las reglas de elegibilidad para los candidatos a cargos públicos y bloquearía a quienes tengan una condena confirmada en segunda instancia relacionada con delitos contra la administración pública -entre otros-, como es el caso de Cristina Kirchner.
Tras el despacho, la iniciativa quedó lista para aterrizar en el recinto y está a un paso de convertirse en ley, con un kirchnerismo que tuvo una postura errática entre quienes piden incorporar más delitos y los que la rechazan en su totalidad. Esto último es, en realidad, el objetivo final del interbloque del Frente de Todos, que comanda el formoseño José Mayans.
El nervio central del texto apunta a los “delitos de fraude en perjuicio de la administración pública contemplado en el artículo 174, inciso 5 del Código Penal”. También, a los “delitos previstos en los capítulos VI-Cohecho y tráfico de influencias, VII-Malversación de caudales públicos, VIII-Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, IX-Exacciones ilegales, IX bis-Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, y XIII-Encubrimiento, todos ellos contemplados en el título XI-Delitos contra la administración pública, del libro segundo del Código Penal”.
Además, quedarán comprendidos en este mecanismo “todo otro delito doloso contra la administración que conlleve enriquecimiento que sea dispuesto de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Constitución”.
En Diputados se eliminó la denominada “cláusula Petri” -en referencia al texto que produjo, entre otros, el ministro de Defensa, Luis Petri-, por lo que el artículo uno sostendrá la vigencia de la Ficha Limpia en “aquellos casos en que la sentencia condenatoria resulte confirmada por un órgano judicial de instancia superior, hasta su eventual revocación o cumplimiento de la pena correspondiente, y siempre y cuando la confirmación de la condena se produzca con anterioridad al plazo establecido en el artículo 25 del Código Electoral Nacional”. Es decir, a la confección de los padrones hasta 180 días antes de la elección general, algo así como finales de abril del corriente año.
Por otra parte, “si la confirmación de la condena en instancia superior se produjera con posterioridad a dicho plazo, la prohibición tendrá efecto a partir de la finalización del proceso electoral”. En tanto, “la ilegibilidad regirá desde la fecha de la sentencia, salvo lo dispuesto en el párrafo anterior, hasta su eventual revocación o hasta el cumplimiento de la pena correspondiente”.
En tanto, en el artículo 2, el inciso A se cambió en la Cámara baja por el siguiente: “La Cámara Nacional Electoral llevará un registro público de ficha limpia en donde constarán las sentencias dictadas en los términos del artículo 1, sus eventuales revocaciones y los datos identificatorios de las personas alcanzadas por dichas sentencias”. Junto a los cargos electivos, los eventuales involucrados en una potencial ley no podrán ser designados como “jefe de Gabinete de Ministros, ministros, secretarios, subsecretarios, autoridades de entes y organismos descentralizados e instituciones de la Seguridad Social”, así como de cuerpos colegiados, personal diplomático, ni representantes en empresas con participación estatal de cualquier clase.
Debate
La senadora del peronismo disidente y presidenta de Asuntos Constitucionales, la cordobesa Alejandra Vigo, avisó desde el inicio que se encontraba el dictamen para ser firmado, lo que llevó a una respuesta rápida de la camporista Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), quien se quejó por la ausencia de funcionarios del Ejecutivo y la suspensión de la comisión de Justicia de ayer, en la que iba a exponer -entre otros- el vice ministro de Justicia, Sebastián Amerio.
Fernández Sagasti después criticó que el proyecto no incluyera delitos como narcotráfico, trata de personas, lesa humanidad y pedofilia entre otros. Duró un suspiro la observación, tras el recordatorio al kirchnerismo de la radical Carolina Losada (Santa Fe) sobre iniciativas que fueron directo “al cajón” en gestiones pasadas. “Votemos esto y después agregamos el resto, ya que vamos a estar de acuerdo en que ningún pedófilo se siente al lado nuestro. Por lo menos, ya tenemos la mitad del camino ahora, con los corruptos”, resaltó.
Desde el Frente de Todos, la peronista riojana Florencia López manifestó: “No sé si esto es una broma de mal gusto o un chiste, en cuanto a que el gobierno nacional avance en sostener la discusión de un proyecto de ficha limpia, cuando su principal referente está en todos los portales, en todas las páginas del mundo, por estafa con una cripto moneda”. La ex vicegobernadora mencionó luego un intento de proscribir a Cristina Kirchner.
“A mí no me representa ninguna persona que tenga doble condena de la justicia. Cualquier dirigente político que tenga doble condena en justicia no puede ser candidato. Parrilli -en referencia al senador Oscar Parrilli- no sé si tiene doble conforme, no lo sé, está ahí”, lanzó Losada en réplica. Y agregó: “El presidente no tiene doble condena en la justicia, no sé por qué meten otros temas. Estamos de acuerdo en que se investigue, pero que no se mezcle una cosa con otra”.
La confusión kirchnerista vino a través del porteño Mariano Recalde. A diferencia de Fernández Sagasti, aseguró que no quería la ley en tratamiento, lo que dejó aún más expuesto al interbloque de Mayans. Sobre el final, el peronista disidente Juan Carlos Romero hundió los argumentos del principal espacio opositor en la Cámara alta: el salteño contó parte del extenso trajín de la iniciativa y destacó que fue el propio kirchnerismo quien, al igual que otras bancadas, presentó un proyecto en 2017, con firmas de Nilda Garré, Andrés Larroque y otros ex legisladores.
“Era para quienes tuvieran condenas por cuentas o sociedades offshore o en el exterior. Es lo más limitado que vi”, pinceló Romero. Un detalle que mencionó Vigo en la comisión: ya hay nueve provincias que tienen su propia ley de Ficha Limpia y varios municipios.
