Fue tras una reunión con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en la que negociaron cambios en el proyecto original. La ley busca evitar que personas condenadas se postulen en las elecciones.
El despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, fue escenario de una reunión clave para el avance del proyecto de Ficha Limpia, que impulsa el Gobierno Nacional a fin de limitar la participación de ciudadanos condenados como candidatos en las elecciones.
Los referentes del bloque de La Libertad Avanza, en minoría, buscaron en el encuentro de este martes 11 de febrero, consensuar detalles del proyecto de ley a fin de asegurar el quorum que dé lugar a la sesión y luego los votos necesarios para su aprobación. Para ello se reunieron con legisladores de los sectores denominados dialoguistas, que incluyen a diputados del PRO y de partidos provinciales.
Unión por la Patria (kirchnerismo), en tanto, cerró filas y unificó el rechazo a la ley, con la mirada de fondo de la ex presidenta Cristina Kirchner.
La principal observación al proyecto original que surgió durante el encuentro con Menem fue el primer artículo, que en uno de sus incisos impone un plazo a los alcances de la ley. El mismo sugiere que si la condena que impide la candidatura ocurrió en el mismo año en el que se realizarán las elecciones, el condenado podrá participar de todas formas en ese proceso electoral.
Dicho artículo, que disparó disidencias, estaba redactado de la siguiente forma:
- “El supuesto previsto en el presente inciso se aplicará únicamente en los casos en que la condena impuesta hubiera sido confirmada en segunda instancia, dictada antes del 31 de diciembre del año anterior al proceso electoral, en la que se hubiera confirmado la comisión de al menos uno de los delitos establecidos en la sentencia de primera instancia, aunque modifique la pena impuesta”
- “En caso de una condena confirmada en segunda instancia dictada con posterioridad al 1º de enero del año en que se llevaren a cabo las elecciones, el supuesto tendrá efecto a partir de la finalización de dicho proceso electoral
- “La inelegibilidad regirá desde la fecha de la sentencia, salvo lo dispuesto en el párrafo anterior, hasta su eventual revocación o hasta el cumplimiento de la pena correspondiente”
Durante la reunión, los legisladores calificaron como una arbitrariedad ese requisito y pidieron retirarlo. “Vamos a esperar al nuevo texto del artículo primero que está ahora redactando el Ejecutivo. Queremos un nuevo texto sin arbitrariedades como son los plazos que había enviado el Ejecutivo”, dijo luego del encuentro la diputada del bloque Democracia para Siempre, Carla Carrizo.
El oficialismo negocia el texto original a la par de otros seis proyectos sobre el mismo tema que obtuvieron dictamen en las comisiones.
La sesión clave está programada para mañana a las 10 de la mañana, con un único tema en la agenda. Se anticipa un debate extenso y complejo.
El oficialismo confía en alcanzar el quórum necesario, estimando la presencia de 135 diputados, y espera obtener la misma cantidad de votos para aprobar el proyecto en general. Sin embargo, reconoce que las múltiples propuestas podrían complicar el desarrollo de la sesión.
Uno de los puntos más controvertidos es la posibilidad de que el proyecto afecte directamente a figuras políticas de alto perfil, como la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien podría quedar inhabilitada para ocupar cargos electivos debido a sus antecedentes judiciales.
El debate se encuentra polarizado entre dos grandes bloques. Por un lado, La Libertad Avanza, el PRO y otros aliados del oficialismo impulsan un proyecto que, de aprobarse sin modificaciones, excluiría de la competencia electoral a candidatos con sentencias judiciales firmes previas al año electoral.
En contraposición, el bloque de Unión por la Patria (UP) propone un dictamen que establece que ningún candidato puede ser proscrito hasta que la Corte Suprema de Justicia emita un fallo definitivo. Este enfoque busca garantizar que las decisiones judiciales no interfieran en los procesos electorales hasta que se agoten todas las instancias legales.
Además de estas dos posturas principales, existen propuestas intermedias. La Coalición Cívica, la UCR, Innovación, Democracia y Encuentro Federal han presentado dictámenes que eliminan la “fecha límite” para las sentencias y amplían la lista de delitos que podrían inhabilitar a los candidatos. Esto es lo que el oficialismo podría ceder.
Estas propuestas reflejan la fragmentación del Congreso y la dificultad de alcanzar consensos amplios en torno a un tema tan sensible.
