El ajuste de Milei sigue profundizándose en diferentes áreas del Estado con el objetivo de reducir gastos y así achicar la deuda y la emisión monetaria.
El PRODAF había sido creado para facilitar el acceso al crédito a pequeños productores rurales y fomentar la agricultura familiar. Según el Gobierno, el fideicomiso cumplió con su objetivo, aunque desde sectores rurales cuestionaron la falta de detalles sobre el futuro de los programas que dependían de este fondo.
En el caso del Fondo Fiduciario del Servicio Universal, que financiaba proyectos de conectividad en zonas rurales y urbanas desfavorecidas, el decreto argumenta que hubo irregularidades en la aprobación de proyectos. Este fondo se sostenía con un aporte del 1% de los ingresos de los licenciatarios de servicios de telecomunicaciones.
El Fondo Fiduciario para Vivienda Social, por su parte, financiaba programas de vivienda e infraestructura básica. La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) detectó problemas en la rendición de cuentas y proyectos inconclusos, lo que llevó al Gobierno a justificar su disolución.
La versión de Federico Sturzenegger sobre el decreto
«Hemos dicho varias veces que los fondos fiduciarios son un mecanismo para generar «cajas» de plata cuyo gasto es luego difícil de controlar. Hoy el Decreto 6/25 firmado por el presidente Javier Milei y el Ministro de Economía Luis Caputo avanza un paso más en limpiar esta rémora», expresó Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación del Estado nacional.
«El Decreto elimina «Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar (PRODAF), el Fondo Fiduciario del Servicio Universal, y el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social. Del primero, no se reportan beneficios evidentes. El segundo por los extraordinarios cambios en cobertura que requieren un rediseño integral de los programas para dar servicio universal (por ejemplo el despliegue de la tecnología satélite a teléfono haría obsoleto el objeto porque la cobertura territorial sería absoluta), y el tercero porque el gobierno se retira de la actividad de construcción de viviendas, una actividad más apropiada al sector privado (máxima en una economía con una macro ordenada), además de por problemas de rendición (un eufemismo para la palabra corrupción)», declaró Sturzenegger.
El Gobierno de Javier Milei sigue con poder para eliminar fondos fiduciarios del Estado sin pasar por el Congreso
La disolución de estos fideicomisos se ampara en la Ley N° 27.742, que autoriza al Ejecutivo a liquidar fondos fiduciarios públicos. Este proceso comenzó con el cierre de otros programas, como el Fondo de Fortalecimiento Fiscal para Buenos Aires y el recorte al Fondo de Integración Socio Urbana, que quedó prácticamente sin financiamiento.
El ajuste de Milei sigue profundizándose en diferentes áreas del Estado. Aunque desde el oficialismo destacan la necesidad de reducir gastos innecesarios, las críticas no tardaron en llegar, especialmente por las posibles consecuencias sobre los sectores más desfavorecidos y la falta de propuestas alternativas para reemplazar estos programas.
