De manera virtual, las autoridades de la Secretaría de Trabajo conversaron con representantes del gremio y de las compañías que operan el servicio en el AMBA. Luego de varias horas de negociación, hubo arreglo entre las partes.
A contrarreloj y luego de casi tres horas de negociaciones, el Gobierno acordó con la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y con los empresarios del sector un aumento salarial para los choferes y se levantó paro de colectivos que había sido convocado para este jueves y que iba a afectar a la mayoría de las líneas que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Tal como estaba previsto, desde las 17:00 las autoridades de la Secretaría de Trabajo mantuvieron una extensa reunión virtual con los representantes del gremio liderado por Roberto Fernández y también con las cámaras que agrupan a las empresas que operan el servicio, que fueron invitadas esta misma mañana.
Del encuentro no participó el titular de la careta, Julio Cordero, ya que está de viaje, pero en su lugar tomó la palabra Mara Mentoro, directora de Regulación del Trabajo, quien ofició de moderadora para tratar de conciliar las posturas.
En tanto, por el sector privado hubo integrantes de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA) y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (CEUTUPBA).
Cerca de las 20:00, después de largas horas de negociaciones y propuestas cruzadas, el Gobierno presentó una última oferta que conformó a todas las partes y, de esa manera, la UTA se comprometió a dejar sin efecto la medida de fuerza que iba a comenzar a las cero horas de este jueves.
De acuerdo con lo que precisaron fuentes cercanas a los protagonistas del acuerdo, que todavía se estaba terminando de redactar, las empresas habrían aceptado otorgarles un aumento a los choferes, que pasarían de cobrar un básico de $1.060.000 a uno de 1.200.000 pesos a partir de enero, lo que representa un poco menos del 25% que reclamaban inicialmente.
Más temprano, algunos miembros de estas agrupaciones habían tenido contactos informales con funcionarios nacionales, a los que les reiteraron el pedido de que se aumenten los subsidios que les entrega el Estado, para poder hacer frente al reclamo del sindicato de ese aumento.
Sin embargo, en ese momento los miembros del Gobierno insistieron con la posición de que no podían actualizar el monto que ya perciben las compañías de transporte en concepto de costos de servicio, que fue revisado por última vez en septiembre pasado.
Las empresas vienen advirtiendo que si no tienen una mejora de sus ingresos, ya sea por una suba de los subsidios o del boleto que paga el pasajero, no iban a poder cumplir con los acuerdos salariales previos ni con una nueva pauta para lo que resta del año.
De hecho, ya le habían reclamado al subsecretario de Transporte, Mariano Plencovich, en una de las tantas reuniones que mantuvieron con él, que se les reconozca un boleto mínimo “técnico” de $1.305 por viaje a partir de octubre, en paralelo a la nueva estructura de costos.
En el zoom que mantuvieron este miércoles los funcionarios de la Secretaría de Trabajo con los líderes del gremio y de las empresas del sector, no hubo representantes de la Secretaría de Transporte, que encabeza Franco Mogetta.
El propio Mogetta visitó por la tarde en la Casa Rosada al asesor presidencial, Santiago Caputo, y al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, pero negó que el Gobierno vaya a acercar alguna nueva oferta para los subsidios y reclamó que las compañías se hagan cargo del incremento de sueldo de los choferes. “Los fondos ya los tienen”, argumentó.
El lunes pasado, según consta en el acta de reunión, las cámaras manifestaron que “ya han reiterado y demostrado en diferentes instancias, con autoridades de las 3 jurisdicciones del AMBA (CABA, Nación y PBA) la imposibilidad material de hacer frente a cualquier ofrecimiento salarial posterior a julio 2024, habida cuenta los groseros errores de cálculo en la determinación de los ingresos de las empresas”.
