Si bien al comienzo la medida de fuerza involucraba solamente al sector del transporte, a la protesta se fueron sumando diferentes sindicatos y movimientos sociales. En el medio, el presidente Javier Milei redobló las críticas hacia las autoridades de las casas de estudio.
La medida de fuerza es impulsada por el sector más duro de la CGT
En medio de los anuncios económicos y de las privatizaciones, el Gobierno se enfrentará el próximo miércoles a un virtual paro general, cuando el ala dura de la CGT y los gremios de transporte, acompañados por movimientos sociales y estudiantiles, lleven adelante un cese de actividades por 24 horas que, no obstante, no les preocupa a las autoridades nacionales, decididas a ir “a fondo” con las desregulaciones y el control de los fondos universitarios.
La medida de fuerza, si es acatada por todos los sectores, afectará tanto a los servicios de carga, como camiones, ferrocarriles y barcos, pero también a algunos de pasajeros, incluyendo los trenes, el subte y los aviones.
Por el momento, sin embargo, no se iba a ver afectada la circulación de los colectivos, ya que la Unión Tranviarios Automotor (UTA), a la que están afiliados la mayoría de los choferes, hasta el domingo no se había sumado a la protesta, impulsada por el sector más duro de la central obrera.
El paro es incentivado, principalmente, por Pablo Moyano y Omar Pérez (Camioneros), Juan Pablo Brey (Aeronavegantes), Omar Maturano (La Fraternidad), Juan Carlos Schmid (Fempinra), Roberto Coria (Guincheros), Pablo Biró (APLA), Alberto Pianelli y Néstor Segovia (Metrodelegados), Raúl Durdos (SOMU), Marcelo Pariente (Motoqueros), Jorge García (Taxistas) y Graciela Aleñá (Viales).
“Todas las modalidades de transporte se han adherido. Se informó que la UTA no para. Tendrán sus razones, los juzgará la historia, porque no creo que los compañeros colectiveros estén viviendo otro mundo, ¿no?”, cuestionó Moyano, en diálogo con Radio 10.
Por el contrario, recientemente sí se sumaron sindicatos de maestros, como la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN); la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), que integran varios movimientos sociales.
Por su parte, las agrupaciones estudiantiles de la UBA que integran la denominada Asamblea Interfacultades, se reunieron en la Plaza de Mayo y votaron a favor de hacer una movilización al Obelisco el primero de noviembre, el día siguiente del paro de la CGT.
Asimismo, los alumnos acordaron convocar a la Tercera Marcha Federal Educativa para el próximo 12 de noviembre, para ratificar el reclamo de un aumento salarial para el personal docente y no docente de las casas de altos estudios.
Esa decisión se da en el medio del conflicto entre el Gobierno y las autoridades académicas, que se niegan a ser auditadas por la SIGEN, organismo dependiente del Poder Ejecutivo, al argumentar que esa entidad “no tiene competencias” para realizar el control de los fondos que el Estado les destina anualmente.
“Los vamos a ir a auditar, los chorros no van a tener paz en la Argentina, porque el que las hace, las paga. Voy a ir a buscar a los chorros hasta al último rincón del país y los voy a meter presos. Se acabaron los curros”, ratificó al respecto el propio Milei, durante una entrevista radial.
El Presidente ratificó la postura del Gobierno respecto de las universidades
En paralelo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se puso el sábado al frente del operativo de allanamiento de los inmuebles vinculados a José Antonio Voytenco, secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y presidente de la obra social OSPRERA.
Fue tan solo unos días después de que la Mesa Nacional de Transporte, que es la que originalmente llamó al paro de este miércoles, denunciara una supuesta “persecución a los dirigentes” gremiales y “criminalización de la protesta social, que está amparada en la Constitución Nacional y en convenios de las máximas organizaciones Internacionales que regulan el trabajo”.
En este contexto, a pesar de las múltiples reuniones que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, tuvo en la Casa Rosada con los principales referentes de la CGT -a las que Pablo Moyano nunca fue- y el vínculo del asesor presidencial Santiago Caputo con algunos de ellos, las autoridades nacionales no lograron destrabar la medida de fuerza.
Ni siquiera se pudo llegar a un acuerdo luego de que el Poder Ejecutivo organizara una mesa tripartita con empresarios para discutir la reglamentación del artículo de la reforma laboral que prohíbe los bloqueos sindicales, para tratar de bajar la tensión con la CGT.
La central obrera, de esta manera, llevaría adelante su tercera protesta masiva en contra del oficialismo que, si bien no es formalmente un paro general, los gremios consideran que la falta de transporte podría hacer que haya una baja considerable de la actividad.
Hasta ahora, la cúpula cegetista realizó dos paros totales en contra de la gestión de Milei, el primero de ellos, el 24 de enero, poco después de que el libertario asumiera, y el segundo, el 9 de mayo, aunque con un impacto mucho menor que el anterior.
“Me parece que la gente se cansó de la hipocresía y uno lo que vio fue todos los comercios abiertos, gente con ganas de laburar y la sensación de que si no lograban (frenar) el transporte, hoy en Argentina no pasaba absolutamente nada”, sostuvo el vocero presidencial, Manuel Adorni, luego de ese segundo cese de actividades.
Compartir nota:
