Los cinco magistrados se pronunciaron a favor del bloqueo de la red social, que entró en vigor gradualmente desde la madrugada del pasado sábado y se mantendrá hasta que cumpla “todas” las decisiones de la corte
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El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, el presidente del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Luis Roberto Barroso, y el juez Alexandre de Moraes miran un teléfono móvil
La primera sala del Tribunal Supremo de Brasil ratificó este lunes por unanimidad la decisión cautelar que suspendió los servicios de la red social X en el país, debido a reiterados desacatos del magnate Elon Musk a diversas sentencias de ese tribunal.
Los cinco magistrados que componen la sala se pronunciaron en forma virtual a favor de la suspensión de X, que entró en vigor gradualmente desde la madrugada del pasado sábado y se mantendrá hasta que la red social cumpla “todas” las decisiones de la corte, que “valen para todas las empresas que operan en Brasil”, según la sentencia.
El primer voto fue del instructor del caso, Alexandre de Moraes, a quien Musk califica de “dictador” e insulta desde hace meses en la propia X, después de que ordenó suspender decenas de perfiles en esa plataforma, en el marco de un proceso sobre una masiva difusión de noticias falsas y ataques a la democracia y sus instituciones.
Ninguna de esas órdenes fue cumplida y Musk llegó a retirar del país a sus representantes legales de Brasil, sobre quienes aseguró que estaban bajo amenaza de ser encarcelados por De Moraes.
Desacatos “conscientes” a favor de “grupos extremistas”
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El presidente del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes
En su voto, respaldado por los otros cuatro magistrados de la sala, De Moraes citó los “reiterados, conscientes y voluntarios incumplimientos de órdenes judiciales y pago de multas” impuestas por el tribunal a la empresa de Musk y calculadas en total en unos cuatro millones de dólares.
Según el magistrado, eso tendría la intención de “instituir un ambiente de total impunidad y una ‘tierra sin ley’” y facilitar “la actuación de grupos extremistas y milicias digitales en las redes sociales”, mediante una “masiva divulgación de discursos nazis, racistas, fascistas, de odio y antidemocráticos”.
Dos de los miembros de la primera sala del Supremo ya han sido ministros de Justicia en distintos Gobiernos. Se trata del propio De Moraes, durante la gestión del liberal Michel Temer (2016-2018), y Flávio Dino, con el actual mandatario progresista Luiz Inácio Lula da Silva, lo cual descarta para muchos analistas políticos el supuesto carácter “ideológico” que la ultraderecha le achaca a la decisión.
Starlink y las elecciones municipales, otros frentes de conflicto
A la medida cautelar dictada contra X, se ha sumado otro frente de conflicto judicial con Starlink, también propiedad de Musk y que se ha negado a acatar la suspensión de la red social en Brasil.
Las cuentas de Starlink, que ofrece servicios de internet por satélite y tiene unas 215.000 líneas activas en Brasil, han sido bloqueadas por De Moraes a fin de garantizar el pago de las multas impuestas a X.
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Según el Supremo de Brasil, el desacato de Musk tiene el objetivo de “instituir un ambiente de total impunidad y una ‘tierra sin ley’” y facilitar “la actuación de grupos extremistas y milicias digitales en las redes sociales”
Aún así, la empresa de internet anunció este domingo que no cumplirá la decisión contra X hasta no sea levantado el bloqueo de sus cuentas.
Las sanciones contra las empresas del magnate surafricano fueron adoptadas en medio de la campaña para las elecciones municipales de octubre próximo, lo que ha agitado la polarización entre la extrema derecha que lidera el ex presidente Jair Bolsonaro y el progresismo que encarna el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
Bolsonaro ha condenado lo que tilda de “persecución ideológica” contra los “conservadores”, en tanto que Lula ha declarado que toda empresa extranjera que opera en Brasil debe “respetar” a la justicia del país.
La decisión adoptada este lunes por el Supremo se enmarca en la intención de las autoridades judiciales de impedir que la campaña para las elecciones municipales sea inundada de noticias falsas, como ocurrió en las presidenciales de 2018, en las que Lula derrotó a Bolsonaro, quien aspiraba a la reelección.
En ese proceso electoral, fueron desactivados por orden judicial cientos de perfiles en diversas plataformas, en muchos casos por la difusión masiva de ataques contra las instituciones democráticas, atribuidos en su gran mayoría a la extrema derecha.
