La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) inspecciona la situación financiera de casi mil entidades.
El gobierno liderado por Javier Milei continua con el proceso de ajuste, desregulación y revisión en diversas áreas de la administración pública, incluyendo el sector de la Salud. En este contexto, se está trabajando en la eliminación de un grupo de empresas de medicina prepaga y en la intervención de varias obras sociales.
El plan del Ejecutivo consiste en inspeccionar la situación financiera y administrativa de las prepagas y obras sociales. Al comienzo de esta gestión, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) registraba 675 prepagas y 291 obras sociales.
Entre las prepagas, se detectaron empresas que, a pesar de estar inscritas en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP), nunca presentaron información requerida como el padrón de usuarios, planes de cobertura, cuadros tarifarios, estados contables o balances.
Como resultado, la SSS decidió cancelar la inscripción de 60 de estas entidades, incluyendo a Prepasa S.A, Grupo Proyectar SRL y Emergencias Médicas Fueguinas S.A, entre otras. Este proceso continuará en los próximos días, con la eliminación de otras 60 prepagas, mientras se evalúa la situación de 70 más. En total, se estima que alrededor de 180 prepagas podrían ser dadas de baja, sumando las ya eliminadas y las que están en proceso.
Fuentes oficiales señalaron que el objetivo de esta medida es ofrecer a los beneficiarios un mercado más transparente y ordenado, donde las entidades inscritas existan, compitan y brinden servicios de calidad.
Además de las prepagas, la Superintendencia de Servicios de Salud también ha intervenido cuatro obras sociales: la de Peones Rurales y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA), la del Personal de la Industria del Fósforo (OSPIF), la del Personal Ladrillero (OSPL) y la del Personal de la Industria Ladrillera a Máquina (OSPLM).
Desde el organismo subrayan que estas obras sociales recibían subsidios millonarios del Estado. En el corto plazo, se prevé la intervención de dos entidades más. El proceso de intervención comienza con auditorías, y si se detecta la falta de información necesaria para operar como agentes del sistema de salud, se designa a un interventor que debe informar sobre la gestión de la obra social en cuestión. Si se comprueba la inviabilidad financiera, prestacional o patrimonial de la entidad, se activa un mecanismo de liquidación, redistribuyendo a los afiliados en otras obras sociales.
Una de las intervenciones más destacadas ha sido la de OSPRERA, la obra social de los peones rurales, que cuenta con 759.203 beneficiarios, siendo la tercera más grande del país. Según funcionarios involucrados en el proceso, esta obra social no presentó informes ante la SSS en más de un año y acumuló una deuda que aumentó de $26.979.000 en septiembre del año pasado a $43.949.000 en marzo de este año. Además, la mayoría de los prestadores consultados indicaron que no tenían convenio vigente con esta obra social.
