Se postergó nuevamente el aumento en las tarifas de transporte y de distribución, que recién volverán a indexarse desde julio por inflación futura. Buscan que el impacto en la inflación sea lo más acotado posible.
El Gobierno volverá a congelar las subas previstas para junio a las empresas que se encargan tanto de la distribución como del transporte de luz y de gas en el país, en busca de evitar un impacto mayor en la inflación de los aumentos que se vienen. Desde el mes que vienen comenzaría una quita de subsidios sobre los usuarios de ingresos medios y bajos, que pagan menos de un 5% del costo total de la energía, con el objetivo de evitar un salto en el gasto público que ponga en peligro el objetivo de equilibrio fiscal.
Las distribuidoras y transportistas (Edenor, Edesur, Metrogas, Naturgy, Camuzzi, TGS, TGN, entre otras) mantienen el descontento por la decisión de volver postergar sus incrementos, medida que también había tomado el ministro de Economía, Luis Caputo, para mayo. Además se trabaja en un cambio en el sistema de actualización mensual que había sido definido en las últimas audiencias públicas, según se pudo confirmar con fuentes del mercado.
Una alternativa es utilizar las expectativas de inflación futura que publica el BCRA en su Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM). Los ingresos que no perciban las empresas por mayo y junio, recién serían reconocidos por el Estado el año que viene.
Sucede que los fuertes aumentos en la luz y el gas que se dieron en el primer cuatrimestre fueron para recomponer los ingresos a las empresas de distribución y transporte en el orden el 500% promedio, después del congelamiento que aplicó el Gobierno anterior. Estos son dos ítems de las facturas que llegan a los hogares. Sin embargo, eso no implicó una quita de subsidios.
La cuestión central es que no hubo cambios sobre los usuarios que con la segmentación actual se conocen como N2 (ingresos bajos) y N3 (ingresos medios) en lo que pagan por el costo mismo de la energía, otro ítem de las boletas, que es cubierto por el Estado a través de Cammesa. Son 7 de cada 10 usuarios residenciales que cubren menos del 5% del “precio real” de la luz y menos del 20% en el caso del gas. Los N1 (ingresos altos), comercios e industrias pagan pleno por la electricidad y el gas natural que consumen, por lo que no reciben asistencia. Allí apunta Caputo.
A través del Decreto 465/2024 la Secretaría de Energía que conduce Eduardo Rodríguez Chirillo quedó habilitada a aumentarlo que pagan los usuarios N2 y N3 del precio de la energía, según se pudo confirmar con fuentes oficiales. Allí se plantea un esquema de transición entre junio y noviembre, con posibilidad de extenderlo por seis meses más, para avanzar hacia la implementación de la a Canasta Básica Energética (CBE).
De todos modos, no hubo precisiones sobre lo que eso implicará para los usuarios en sus boletas. Lo que sí anticipa la norma es que habrá una reducción en el bloque de consumo subsidiado de los N3, quienes actualmente son de entre 400 kwh y 650 kwh por mes en base a la provincia en la que se encuentren y a la estación del año. El esquema de segmentación actual preveía que por el excedente, los usuarios paguen pleno.
Por su parte, el consumo de los N2 está subsidiado en su totalidad sin importar cuánta luz o gas utilicen. Esperan poner en marcha un sistema de topes de consumo con asistencia estatal, pero mayor al de los N3 y con escalones.
La segmentación que puso en marcha Fernández en 2022 contemplaba que la suba de las tarifas para los N2 no podía superar el 40% del CVS del año anterior y para los N3 el límite era 80% de lo que arrojara la variación del indicador.
Sobre eso, se buscará evitar la superposición de otros subsidios como son la tarifa social, los beneficios por zonas frías, garrafas, entre otros. También habrá nuevos criterios de exclusión que serán más restrictivos que el actual, como la posesión de automóviles, prepagas o compra de dólares.
La aspiración de Chirillo era resolver este frente con la implementación de un nuevo esquema de asignación de subvenciones a partir de la CBE, en donde las subvenciones serían a la diferencia entre un porcentaje determinado que representen las tarifas en el ingreso de un hogar dependiendo la zona geográfica en la que se encuentre. Primero se iba a aplicar en abril, pasó a mayo, luego a junio y ahora se postergó al menos hasta noviembre. Mientras tanto, se avanzará en este “esquema de transición”.
La hoja de ruta del Palacio de Hacienda preveía un recorte de 0,5 puntos del PBI este año en el gasto de subsidios a las tarifas, a lo que se sumarían otros 0,2 puntos del PBI por el transporte del AMBA. La cuenta es de entre USD 2.500 y USD 3.000 millones. Pero el empeoramiento de la situación social hizo que Caputo buscara una calibración distinta en el ajuste.
