Fue encontrado en uno de los comedores el lunes. En un primer análisis se detectaron inscripciones a mano de listas con nombres de personas que asistían a marchas.
Un cuaderno secuestrado este lunes en uno de los allanamientos por la causa de la presunta extorsión de dirigentes sociales podría ser un elemento clave en el avance de la investigación. Es porque en un primer análisis que se hizo de ese material se encontraron inscripciones manuscritas con listados con presencias en manifestaciones y entrega de mercadería a comedores.
En primera instancia, esa información iría en línea con las conversaciones de WhatsApp que las víctimas presentaron en la justicia: que para mantener el plan social había que asistir a las marchas, que se tomaban listas y que quienes no iban pasaban a la categoría de “castigados”, que podía implicar perder el plan, pagar una multa y no recibir la comida que de manera gratuita entregaba el gobierno nacional.
“Le empieza a dar un sentido a lo que aparecía más disperso en las charlas”, dijo una fuente judicial que trabaja en la investigación.
El cuaderno fue secuestrado en uno de los comedores que fueron allanados el lunes. En total fueron 28 procedimientos a domicilios, sedes de organizaciones sociales y comedores del Polo Obrero, Barrios de Pie y Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), las tres organizaciones que están siendo investigadas.
De ese cuaderno, según las fuentes consultadas, surgen anotaciones vinculadas a las manifestaciones y un listado de presentes y de ausentes. Y también registros sobre entregas de mercaderías. Los listados tienen nombres de personas.
Ese cuaderno forma parte de distintos elementos que fueron secuestrados. Hay más anotaciones y documentación, además de teléfonos celulares y otros elementos tecnológicos que serán peritados. El juez federal Sebastián Casanello ya ordenó que en cinco días se haga la extracción de toda la información de los teléfonos celulares.
El magistrado también ordenó la inhibición general de bienes de todos los imputados en la causa y dispuso que las cinco víctimas que declararon como testigos en la causa bajo identidad reservada pasen a integrar un el programa de protección que tiene el Ministerio de Justicia de la Nación.
Con la documentación analizada y la información de los celulares obtenidas en los tribunales creen que se podrá avanzar en citaciones a indagatoria si las pruebas obtenidas así lo marcan.
Por otra parte, la justicia también le dio intervención al Instituto Nacional del Asociativismo y Economía Social (INAES) para que haga una auditoría sobre cooperativas en los últimos dos años. Es porque una de las hipótesis de la causa es que parte del dinero que se obtenía de las maniobras era canalizado en cooperativas.
“Ha podido comprobarse preliminarmente que, al amparo de la apariencia de una actividad solidaria como es la administración de un comedor popular, se montaron al menos tres (3) grupos de personas que, valiéndose de las facultades que les otorgara el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del Plan Potenciar Trabajo, se dedicaron sistemáticamente a exigir dinero a los beneficiarios de dicha prestación social —personas en situación de alta vulnerabilidad social—, bajo diversos conceptos —”cápitas”, “cuotas”, “alquiler de comedor”, etc.—, cobrarles por la entrega de alimentos —pese a que los recibían gratuitamente del Gobierno Nacional—, obligarlos a vender por la zona la comida recibida del Estado Nacional —quedándose los acusados con la ganancia— y/o forzarlos a participar de “movilizaciones” de las agrupaciones políticas a las que pertenecen —e incluso en algún caso repartir volantes de candidatos a comicios electorales—; todo ello bajo la expresa amenaza de que, en caso de no cumplir con esas exigencias, se les daría de baja de la prestación social y/o se les negarían los alimentos y la mercadería”, sostuvo el fiscal federal Gerardo Pollicita en su acusación.
En tanto, parte de los acusados en la causa se presentaron en el expediente. Así lo hicieron 13 integrantes del Polo Obrero que designaron como abogados Liliana Alaniz, Claudia Ferrero y Eduardo Penello y comenzaron a tener acceso al expediente. Se espera que los acusados comiencen a hacer presentaciones.
