El dirigente José Luis Lingeri tuvo el primer encuentro con el titular de la Superintendencia de Servicios de Salud. La preocupación por los recortes en salud y el desfinanciamiento de las obras sociales, en la agenda.
El Gobierno y la CGT inauguraron un canal de diálogo para intentar resolver los serios problemas financieros que tienen las obras sociales, aunque las eventuales soluciones a los planteos sindicales dependerán de la decisión del Ministerio de Economía de liberar los fondos necesarios.
El acercamiento se registró el miércoles pasado, un día antes del paro general de 24 horas, cuando el secretario de Acción Social de la CGT, José Luis Lingeri, tuvo su primer encuentro con el titular de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), Gabriel Oriolo, ex directivo de OSDE, y el gerente general del organismo, Claudio Stivelman.
La reunión, anticipada por el periodista Juan Pablo Kavanagh, se convirtió en un dato clave que puede ser acompañado por otros gestos de distensión entre ambas partes: en la CGT pierde peso la idea de hacer otra medida de fuerza y gana espacio la intención de alcanzar una tregua para entablar tratativas con los referentes libertarios.
Uno de los reclamos que el sindicalismo le hace al Gobierno, por ejemplo, tiene que ver con la fuerte reducción del gasto en organismos descentralizados del Ministerio de Salud: en el caso de la SSS, el primer cuatrimestre de 2024 recibió 21.911 millones de pesos, mientras que el primer cuatrimestre de 2023 esa cifra había ascendido a 39.303.
Se trata de un recorte del 44,3% que impacta de manera muy negativa en el ente autárquico que administra los fondos de las obras sociales.
Aun así, el directivo de la CGT salió conforme del contacto en el área: “Pudimos charlar tranquilos, sin ninguna presión -aseguró a Infobae-, y Oriolo me dijo al final que suscribía un 100% de lo que le había planteado. Quedó en responder, pero estamos de acuerdo y vamos a trabajar en ese sentido”.
¿Qué reclamos llevó Lingeri al encuentro? “Le dije que había que trabajar sobre el reemplazo del Programa Médico Obligatorio (PMO) actual por una canasta de servicios de emergencia cuyo contenido sea explícito y limite la responsabilidad jurídica de las obras sociales a su estricto cumplimiento -sostuvo-.
Los costos del PMO se fueron a las nubes y uno que había elaborado la Superintendencia con un préstamo del BID es más caro que el que está actualmente. Eso significa que los monotributistas aportan $13.000, y con el descuento del fondo de retribución queda en $11.000, pero con la remarcación de precios de los medicamentos ese valor da casi para pagar sólo aspirinas.
Por eso planteamos que había que subir los aportes que hacen al sistema los monotributistas, igual que en el caso de los beneficiarios del PAMI que reciben atención a través de las obras sociales”.
El líder del Sindicato de Obras Sanitarias, el mayor experto de la CGT en el sistema de obras sociales, señaló que también le planteó a Oriolo la necesidad de “transferir la atención de monotributistas para ver cómo reacomodamos a los monotributistas sociales, quién le da la cobertura y cómo se formaliza el hecho de que puedan tener una contención también en el rubro médico y asistencial” .
