El Ministerio de Defensa entregará camionetas, colectivos, helicópteros y aviones para la lucha contra los narcotraficantes en la ciudad santafesina. La norma que les permita actuar iba a ser uno de los asuntos a discutir en la reunión de Gabinete que se suspendió.
Desde que se creó el Comité de Crisis para combatir al “narcoterrorismo” que acecha desde hace tiempo a Rosario y que se llevó la vida de varios inocentes, el Gobierno convocó al ministro de Defensa, Luis Petri, para poder contar con la asistencia de las Fuerzas Armadas en los operativos, aunque las normativas vigentes le imponen varias limitaciones a su accionar en el territorio.
Puntualmente, la ley de Seguridad Interior es la que les prohíbe a los militares intervenir en conflictos de esta índole, por lo que el funcionario se puso a disposición para asistir en el lugar de la forma en la que puede hacerlo: con personal técnico y equipamiento.
En este sentido, este mismo jueves, por la noche, estaba previsto que llegaran a esa ciudad los primeros vehículos que el Estado Mayor Conjunto le entregará a las fuerzas federales: se trata de al menos 20 camionetas y un colectivo, que servirán para transportar a los efectivos.
Debido a las restricciones existentes, los militares no podrán siquiera conducir esos rodados, sino que se los tendrán que ceder a la Policía Federal, a la de Santa Fe y a la Gendarmería, para que sean ellos los que hagan uso de los mismos.
De igual manera ocurrirá con los cuatro helicópteros Bell UH y 412, que cuentan con controles modernos y visión nocturna, y un avión Hércules que servirá tanto para el traslado de los uniformados, como de provisiones, los cuales arribarían la semana que viene.
Todo este equipamiento se planeaba que llegara antes a la provincia desde distintos puntos del país, pero su envío se demoró debido a las fuertes tormentas que se registraron en varios puntos de la Argentina. No obstante, el Gobierno quiere que los vehículos ya se encuentren operativos desde este viernes.
“Las Fuerzas Armadas van a trabajar en el transporte estratégico y táctico. También con las compañías de ingenieros y los elementos de comunicaciones, así como los de arsenales y de intendencia. Creemos y estamos absolutamente convencidos que vamos a derrotar al narcotráfico”, explicó el ministro Petri cuando presentó el Comité de Crisis junto a su par de Seguridad, Patricia Bullrich.
El organismo en cuestión está encabezado, en su mayoría, por las autoridades de las fuerzas federales, que dependen de Bullrich, quienes son los que le solicitan a Defensa los elementos que necesitan.
Por su parte, un militar de alto rango -cuya identificación permanece en riguroso secreto- es quien se encarga de transmitirle los pedidos a Petri y coordinar con él el envío de asistencia a Rosario, como la que llegará este jueves.
Si bien la normativa vigente les permite enviar personal técnico, como ingenieros, mecánicos, enfermeros y cocineros, los mismos no fueron requeridos por el momento por el Ministerio de Seguridad, aunque próximamente sí podrían trabajar en conjunto en cuestiones de comunicación.
En cuanto a efectivos, las Fuerzas Armadas no tienen previsto desplazar a uniformados a esa ciudad, hasta tanto no se modifique la ley de Seguridad Interior, que les impide actuar en los conflictos que se den dentro del territorio nacional con grupos delictivos.
El artículo 27 de esta norma señala que “el Ministerio de Defensa dispondrá -en caso de requerimiento del Comité de Crisis- que las fuerzas armadas apoyen las operaciones de seguridad interior mediante la afectación a solicitud del mismo, de sus servicios de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones y transporte, así como de elementos de ingenieros y comunicaciones”.
El Gobierno entiende que, como está redactado el texto, “no se les permite a los militares, por ejemplo, defenderse ante una eventual agresión” por parte de los narcotraficantes, que en su mayoría están fuertemente armados.
Bajo esta premisa, si no se cambia ese artículo, podría darse una situación en la que los criminales disparen contra los integrantes del Ejército, quienes no podrán responder y deberán esperar a la llegada de algún efectivo policial, lo cual los pone en riesgo.
La idea de Petri es, justamente, impulsar una modificación de esa ley, una medida que viene reclamando desde que asumió en el cargo, pero para eso el Poder Ejecutivo deberá enviar un proyecto al Congreso, que por estos días está ocupado en tratar otras iniciativas.
Incluso, la cuestión iba a continuar siendo debatida en la reunión de Gabinete de este jueves, la cual fue suspendida, en medio de la interna entre Javier Milei y Victoria Villarruel por la discusión en el Senado del DNU presidencial con las reformas económicas.
En este contexto, el Ministerio de Defensa, que todavía no logró un consenso con todas las partes involucradas para cambiar la norma, no tiene intenciones de enviar a militares a Rosario.
