Los interventores realizarán una auditoria para revisar las acciones que se llevaron adelante durante la gestión de Alberto Fernández.
El Gobierno oficializó este lunes la intervención del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) por 180 días y designó al frente de esa tarea a Juan Martín Ozores.
La medida, adelantada el fin de semana, fue publicada en el Boletín Oficial mediante el decreto 89/24 y adoptada, según se explica en los considerandos, “en consonancia con los lineamientos” del DNU 70/23, dictado por la actual administración “para afianzar el proceso de desregulación iniciado en el sector”.
En el texto de la disposición se argumenta “que a partir de diciembre de 2020 se han verificado importantes decisiones” adoptadas por el Enacom “que implicarían abiertos incumplimientos de las disposiciones legales vigentes”, y que esas medidas “han motivado numerosos conflictos judiciales, así como el dictado de medidas contrarias a los actos administrativos emitidos, que deben ser adecuadamente estudiadas y, en su caso, revisadas”.
“En virtud de ello, y a los efectos de llevar a cabo una ordenada y completa investigación de su actuación, resulta necesario disponer la intervención” del organismo, concluye el decreto publicado este lunes, que lleva las firmas del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Nicolás Posse.
En particular, se hará una auditoría de la gestión del massismo y revisarán las acciones que se llevaron adelante durante la administración de Alberto Fernández, que tuvo como presidente del organismo a Claudio Ambrosini.
Junto a Ozores, el Poder Ejecutivo designó dos interventores adjuntos: Patricia Zulema Roldán y Alejandro Fabio Pereyra, quien fuera interventor del organismo de telecomunicaciones durante el Gobierno de Mauricio Macri.
Ozores es licenciado en Administración de Empresas y ejecutivo “con más de 25 años de experiencia en telecomunicaciones y tecnología, tanto en el país como a nivel internacional”; Roldán, abogada especialista en telecomunicaciones con más de 30 años de carrera en el área jurídica del ENACOM y los diferentes organismos estatales de comunicación; y Pereyra, también abogado especializado en telecomunicaciones y exdirector del ENACOM entre 2016 y 2019.
De acuerdo a lo detallado en el decreto, tendrán que “evaluar e informar sobre la situación actual” del Enacom “en referencia al cumplimiento de sus competencias”.
En ese marco, añade el texto del articulado, “deberán analizarse muy especialmente las implicancias devenidas en el mercado de las TIC a partir del dictado del citado decreto de necesidad y urgencia N° 690/20 y los actos administrativos de aplicación surgidos como consecuencia de ello”.
“Asimismo, deberá informarse sobre las medidas cautelares judiciales vigentes, así como sentencias judiciales contra actos administrativos sobre materias que son competencia” del Ente, se agrega entre las tareas asignadas a los interventores.
También, deberán realizar “un relevamiento y evaluación de la estructura organizativa” del Enacom “a efectos de propiciar su reorganización funcional y operativa”, “procurando fomentar su profesionalización y eficiencia”.
“En pos de esa eficiencia, dicha reorganización funcional deberá procurar la simplificación de los procesos administrativos” del Ente, “así como la reducción de trámites excesivos”, remarca el texto.
Además, “deberán determinarse y redefinirse los programas y el alcance de los proyectos sobre el Fondo Fiduciario del Servicio Universal (FFSU) y del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA), y el estado de otorgamiento y cumplimiento de los Aportes No Reembolsables”.
Asimismo, se dispone en el marco de la intervención que “las tramitaciones pendientes relacionadas con las asignaciones de recursos, autorizaciones radioeléctricas, licencias y registros deberán ser puestas al día, proponiéndose mecanismos informáticos tendientes a agilizar dichos trámites”.
En otro punto, se indica que “corresponderá efectuar un exhaustivo análisis de las regulaciones vigentes, evaluando si las mismas devinieron obsoletas o si, por su contenido, demoran y dificultan el avance tecnológico, proponiendo, en su caso, las acciones necesarias para su actualización”.
