Se esperan fuertes incrementos en las facturas durante los próximos meses. En el caso del gas habrá un traslado del costo de producción en tercios.
El Gobierno informó que desde abril reemplazará la segmentación de subsidios a las tarifas de luz y gas que había implementado la gestión anterior. El nuevo esquema tendrá en cuenta el ingreso total del grupo familiar y una “canasta básica energética” para cada zona del país, por los cuales se determinará el monto de la asistencia para cada tipo de hogar. La medida es parte fundamental del ajuste que lleva adelante el Ministerio de Economía, con el objetivo de alcanzar el equilibrio fiscal en 2024 y en medio de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La decisión fue comunicada esta mañana por el Secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, en el marco de la audiencia pública virtual del gas que se realiza por estas horas. Allí se estudian los fuertes incrementos en las boletas del servicio público, a partir de la quita de la subvenciones más una recomposición de los ingresos de las empresas, y un índice de indexación mensual para evitar nuevos retrasos en términos reales. También se presentarán alternativas para el llenado del Gasoducto Norte.
Según explicó Chirillo a través de su presentación, la nueva propuesta para los subsidios tiene cinco pilares. El primero será determinar los ingresos totales del grupo conviviente en una unidad familiar. El segundo será establecer una “canasta energética básica”, que cubra las necesidades básicas e indispensables de las personas, la cual se determinará en una cantidad de metros cúbicos en el caso del gas o kilovatios horas al mes para la electricidad que sería el máximo de lo que se considera subsidiable. Esa cesta tendrá en cuenta los tipos de consumo en distintas zonas del país.
Luego, deberá contrastarse el costo de esas cantidades (MM3 o kwH/mes) con el ingreso del grupo conviviente y limitar la incidencia de ese costo a un porcentaje del ingreso subsidiando la diferencia. “El subsidio será a la situaciones de vulnerabilidad”, explicó el secretario de Energía. Es que, en concreto, la asistencia se otorgará cuando el precio de la canasta básica energética supera un porcentaje determinado de los ingresos totales del grupo conviviente.
Actualmente la segmentación contempla tres universos de usuarios pero determinados por la Canasta Básica Total (CBT) del Indec: los N1 (ingresos altos) que pagan tarifa plena por tener un ingreso mayor a 3,5 CBT, N2 ( ingresos bajos) con tarifa social y N3 (ingresos medios) que mantienen un subsidio de hasta 400 KWH para el caso de la electricidad y pagan pleno por el excedente. “Los usuarios siguen teniendo subsidios generalizados porque los precios fijados en los mercados mayoristas no cubren los costos. Hay superposición de planes sociales porque muchos están en N2 y falta de control en el padrón de usuarios”, apuntó Chirlillo.
El cambio que propone el Gobierno no solo tiene que ver con recomponer los ingresos de las empresas para dar “señales claras de inversión”, sino también con el programa económico en general. La quita de subsidios es clave para el ajuste fiscal que lleva adelante el ministro de Economía, Luis Caputo.
En ese sentido se expresó el asesor del Ministerio de Economía, Martín Vauthier, quien tomó la palabra tras la exposición del secretario de Energía. El economista que formaba parte de la consultora Anker Latinoamérica, conducida por Caputo antes de llegar al Palacio de Hacienda, hizo foco en el efecto de la asignación de la asistencia en las tarifas de energía sobre las cuentas fiscales, la inflación, la emisión monetaria y la deuda pública.
Los números que maneja el Palacio de Hacienda arrojaron que los subsidios a la energía representaron 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2023, una baja respecto a los 2 puntos del 2022 y los 2,3 puntos del 2021. En 2019 el monto era equivalente a 1 punto del PBI en el final del Gobierno de Mauricio Macri y en 2020 saltó a 1,8% del PBI, ya en la gestión del ex presidente Alberto Fernández.
Por otro lado, Vauthier destacó que estas erogaciones representaron el año pasado la mitad del déficit fiscal primario tras la aplicación de la segmentación, mientras que en 2022 habían sido el 83,3% y en 2021 el 74,1% de ese rojo. Además, apuntó que en 2023 esas partidas fueron cuatro veces superiores al gasto en la Asignación Universal por Hijo (AUH), que sumó 0,4% del PBI.
“Todo gasto, para materializarse, debe ser financiado. La existencia de un déficit fiscal implica que los gastos del Tesoro superan a los ingresos. Asumiendo que no se aumenten impuestos o se recorten otras erogaciones, el financiamiento de este exceso de gastos sobre ingresos sólo puede darse por dos vías: emisión monetaria y endeudamiento”, resaltó el asesor de Economía.
“Al no eliminar el déficit fiscal, por décadas Argentina intentó mitigar las consecuencias de su financiamiento: controles de precios para la inflación, cepos para el dólar y reestructuraciones para la deuda. Esto generó dramáticas consecuencias para nuestro país: inviabilidad de proyectos de inversión de largo plazo, incapacidad para crear empleo de calidad y fuerte deterioro en los indicadores sociales”, concluyó Vauthier.
