El Presidente anunció su decreto de desregulación económica que implica la derogación de cientos de normas. Según la Constitución, deberá pasar el control de la Cámara de Diputados y el Senado, pero mientras tanto estará en vigencia. La otra disputa será en el Poder Judicial.
Javier Milei anunció y firmó su mega Decreto de Necesidad y Urgencia para desregular la economía, con derogación de centenares de normas incluida. Ahora, según la Constitución, el decreto deberá ser rechazado o validado por Diputados y el Senado, pasando primero por la llamada comisión Bicameral de Trámite Legislativo, cuya integración está en plena negociación, pero en la que el nuevo oficialismo, como en todos los ámbitos del Congreso, será minoría.
Sin embargo, hasta que eso suceda, el DNU está en vigencia. Algunas características del funcionamiento parlamentario y de la propia ley hacen que sea bastante más fácil gobernar por decreto de lo que puede parecer a simple vista, aunque con límites, y siempre que no se trate de materia penal, tributaria o electoral. Pero fuera del Congreso, la discusión quedará en manos de la Justicia.
El artículo 99 de la Constitución establece los límites y alcances de los DNU y el procedimiento que deben seguir.
Dentro de los 10 días luego de su firma -del presidente y los ministros-, el jefe de Gabinete nacional debe poner el decreto a consideración de la Bicameral, que dentro de un plazo de otros 10 días como máximo debe emitir dictamen y ambas Cámaras deberán tratarlo en el recinto de “inmediato”. Solo el rechazo de ambas cámaras en el recinto implica la derogación de un DNU: si una sola cámara lo rechaza, sigue siendo válido.
La última vez que se reunió la comisión fue el 6 de junio del 2022, hace más de un año y medio, presidida por el entonces diputado del Frente de Todos, Marcos Cleri, y la reunión solo fue para formalizar su conformación. Desde entonces, no funcionó y hay decenas de decretos de Alberto Fernández que nunca fueron tratados. De hecho, señalan senadores de experiencia en la Cámara Alta, hay incluso decretos del gobierno de Mauricio Macri que pasaron por la comisión, tuvieron dictamen de rechazo y como nunca se trataron en el recinto mantienen vigencia.
En la previa de la publicación del decreto, en el oficialismo libertario anticipaban que se derogarían o modificarían 300 leyes sin tener que negociar esas normas en el Congreso. En manos de la Justicia quedará determinar hasta qué punto el contexto actual se inscribe en el criterio que establece el texto constitucional: “Circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios por esta Constitución para la sanción de las leyes”. La última palabra en materia constitucional la tiene la Corte Suprema.
