Las medidas de “urgencia” de esta semana que incluyeron una fuerte devaluación “no son nada comparadas con las que se vienen”, anticiparon fuentes de Gobierno. El peso de los gobernadores, la alerta de los sindicatos y agrupaciones y la expectativa ciudadana por Ganancias, jubilaciones, tarifas y precios.
El gobierno del presidente Javier Milei dio las puntadas iniciales de su programa en la primera semana y ultima reformas “más profundas” para la segunda. Anunció las 10 medidas de “urgencia” que incluyeron una devaluación del 100% y, en paralelo, un protocolo anticortes por protestas que augura “severas sanciones”.
Con ese combo en marcha y el objetivo expuesto de “evitar la hiperinflación”, concluye por estas horas junto a su mesa chica en coordinación con un equipo externo, lo que en los pasillos de Casa Rosada resumen como “el verdadero plan económico, político y del Estado”: un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con desregulaciones y un gran paquete de leyes conocido como “ley ómnibus” al que ya le llaman “varias combis”.
Las reformas están “a punto”, estimaron ante Grupo Crónica fuentes de Gobierno que se mueven alrededor de los más cercanos al Presidente. Sobre esas circulan borradores por los teléfonos de los funcionarios y exfuncionarios a pesar de que supuestamente están sólo en manos de quienes hacen los chequeos legales y técnicos para reducir los márgenes de error. Nada tiene confirmación oficial. “Esos textos -compartieron con este medio- están bajo siete llaves y sólo los conocen Milei y su mesa chica pero todos tienen un objetivo en común: reducir el déficit fiscal”.
Agregan que los anuncios del ministro de Economía, Luis Caputo, son “nada comparado a lo que viene, que es un cambio mucho más profundo de la administración del país como la conocemos”. “Quieren dar la batalla cultural”, esgrimen.
En Casa de Gobierno se sabe, además, que la idea inicial de un gran paquete de leyes al que habían bautizado como “ley ómnibus” rememorando la estrategia del expresidente Carlos Menem tras asumir el mando, viró a impulsos ramificados. “Son varias combis”, graficaron, más que un “ómnibus” lo que el Poder Ejecutivo enviaría la semana próxima al Congreso para su tratamiento en sesiones extraordinarias. Antes, se conocería el DNU desregulador. Una vez publicado, Milei enviará los tres paquetes de leyes que abordan “reformas económicas, del Estado y de la política”.
Todo lo cocina con su mesa chica: la secretaria general de Presidencia, Karina Milei; el asesor estratégico, Santiago Caputo; y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse. También con colaboradores externos que trabajan hace rato en las iniciativas, como el expresidente del Banco Central (2015 - 2018), Federico Sturzenegger. El ministro Caputo, en tanto, hace un permanente ping pong entre el Palacio de Hacienda y la Rosada. Es al que más se lo ve entrar y salir.
Paquetes de leyes “combis”
Las reformas económicas que Milei propondrá tratar al Congreso son aquellas en las que el Ejecutivo no puede avanzar por decreto. Mandará modificaciones en el régimen impositivo que incluiría la reposición de Ganancias a los trabajadores a partir de los ingresos de $970 mil, se habla de un blanqueo de capitales (con una multa del 5%); nuevos planes de pago para deudores; la suba de las retenciones sobre todos los productos del agro (sería del 15%); entre otras.
Por su parte, el Ministerio de Economía enviaría su proyecto para eliminar el actual régimen de movilidad jubilatoria que dispone aumentos trimestrales en base a un índice promedio entre la recaudación de la Anses y la variación de los salarios. Se reemplazaría por subas discrecionales por decreto. Con una inflación estimada para diciembre a partir de los 20 puntos, la alarma se enciende entre los adultos mayores sobre si se extenderán o no los bonos compensadores que recibieron de la administración anterior los de la mínima. En enero estará la respuesta.
Un paréntesis puede hacerse a partir de la medida para los beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo. El Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello informó que este sábado percibieron un bono de emergencia de diez mil pesos. Se sumarán a los 78 mil que cobran por mes. El monto extra se deposita en el marco de estimaciones como las de la carne vacuna que subiría a un promedio $8.000 el kilo en los próximos días a partir del aumento del precio del ganado vivo, tal cual lo anticipó Grupo Crónica. En sintonía con esos impactos y a pesar de la filosofía contraria expuesta por Milei, la secretaría de Bioeconomía hizo un acuerdo de precios con frigoríficos. Los cortes incluidos son: asado y tapa de asado por $4.900, matambre y vacío a $5.900 y falda a $2.900.
Siguiendo con las reformas, otra que prepara Milei es la del Estado. Desde el Gobierno sí brindaron información al respecto y el vocero presidencial, Manuel Adorni, indicó en una de sus conferencias diarias que se van a revisar los contratos con las universidades y se va a exigir la presencialidad en cada uno de los lugares de trabajo de la administración pública. Fuentes del Gobierno subrayaron a este medio que con la decisión sobre la presencialidad calculan reducir “un 10%” de estatales porque muchos “no pueden cumplirlo porque tienen otros trabajos”. Habrá oferta de retiros voluntarios e indemnización de amplia cobertura, en especial para aquellos cercanos a jubilarse.
Entre esos cambios se suma el objetivo de una “quita de privilegios” a la política. Desde la jefatura de Gabinete que conduce Posse está en marcha la exigencia de un inventario a todas las dependencias del Estado sobre los bienes inmuebles, muebles, los autos, los celulares, los presupuestos para útiles y demás gastos que buscan recortar. Cada funcionario a cargo deberá llenar un formulario y en base a este se decidirá.
Una parte de las normativas generales sobre el sistema de categorías, ascensos y descensos en la administración pública se trataría en el Congreso. Esta iniciativa se combinará con otras que atañen al empleo público pero que Milei volcaría en el DNU. El corazón es la desregulación y habría novedades en el marco de una Reforma Laboral -dividida entre el Congreso y ese decreto-. El mayor ruido lo ocasionaría las pretensiones sobre las indemnizaciones y las vacaciones.
El último eje es el que tendría mayor consenso en las Cámaras de Diputados y Senadores. La reforma política incluye la eliminación de las PASO para que las internas se diriman por fuera de la decisión ciudadana y generando un ahorro del gasto electoral. También, el uso de la Boleta Única para el cual La Libertad Avanza podría apoyarse en un proyecto de Juntos por el Cambio que ya tiene estado parlamentario con media sanción. Fuentes de Interior agregaron a este medio un asunto más: “hay 750 partidos nacionales, debemos repensar el sistema para que sea más eficiente”.
El “corazón” del DNU
“El corazón de los paquetes de leyes y del DNU es el déficit cero”, aportaron en uno de los despachos de Casa Rosada a este medio. Los que tuvieron acceso al borrador dejaron ya trascender que sus 300 páginas contienen todo tipo de desregulaciones económicas y del Estado; habilitan la privatización de empresas estatales, algunas ya con comprador interesado; modifica leyes de empleo público, del Código Civil y Comercial; también el sistema de obras sociales y libera precios de las prepagas. Los contratos de alquiler quedarían abiertos a pactarse en dólares.
Milei está entonces a punto de dar pasos trascendentales: primero el DNU, luego el envío al Congreso de los tres paquetes de leyes. En el medio surgió un paso obligado que podría demorar los trámites: la negociación con los gobernadores. El ministro del Interior, Guillermo Francos, recibió este viernes la orden del Presidente de convocarlos para el próximo martes al mediodía en la Casa Rosada. Allí se definirán apoyos y/o desmarques. En Interior estiman que nada será muy lineal. Los jefes provinciales quieren la reposición de Ganancias para asegurar recursos. El gobierno hará esfuerzos para asegurar votos en el Congreso.
El peso específico de los gobernadores en Diputados y Senadores es sustancial para avanzar con las reformas. Igualmente, con el peronismo atomizado y con Juntos por el Cambio -PRO, radicalismo y Coalición Cívica- atravesando su propia crisis interna, no será fácil para la Libertad Avanza conseguir acuerdos. El presidente de la Cámara baja, Martín Menem, se mueve para asegurar, en principio, el quórum para dar tratamiento. El desafío es grande porque recién comienzan a reconfigurarse las alianzas.
Las dudas persisten en cada fracción de poder. Milei quiere avanzar de manera discrecional por DNU y participativa -negociaciones mediantes- por el Congreso. Los gobernadores, por su parte, quieren asegurar recursos propios ante un cimbronazo nacional que, por supuesto, no esquivarán. Las oposiciones parlamentarias se preparan para ser o no fieles a sus propias doctrinas. Los gremios y las agrupaciones sociales adelantan un verano en la calle. Son tres meses “muy duros” que el Gobierno considera poder atravesar tras imponerse con el 56% de los votos en el balotaje. La ciudadanía, por su parte, espera parámetros sobre los salarios, las tarifas de energía y transporte y los precios en las góndolas mientras asiste a un cambio de paradigma inflacionario: remarcaciones del 1% diario.
