La Cámara Federal aceptó a la Asociación Bases Republicanas, cercana a Pro, como querellante y eso la habilita a apelar el fallo dictado a instacias del fiscal Marijuan que determinó su sobreseimiento.
Cristina Kirchner quedó al borde de volver a estar entre las principales imputadas de la causa denominada la ruta del dinero K, en la que el empresario santacruceño Lázaro Báez fue condenado a 10 años de prisión por lavado de dinero.
La vicepresidenta había sido sobreseída por el juez federal Sebastián Casanello a instancias del fiscal Guillermo Marijuan, quien tras 10 años de investigación, cambió de opinión y dijo que no había evidencias para acusarla. Pero ahora la Cámara Federal habilitó a la Asociación Bases republicanas, cercana a Pro como querellante en el caso, lo que le permite como acusador particular, apelar el sobreseimiento de la vicepresidenta.
En la hipótesis de la Cámara Federal, el dinero lavado por Báez, con transferencias de 60 millones de dólares a cuentas en Suiza y que regresaron al país blanqueados, pertenecen a Cristina Kirchner. Marijuan descubrió decenas de contactos telefónicos entre Kirchner y Báez y hasta visitas, pero entendió que no había pruebas para imputar ala vicepresidenta como partícipe del lavado.
El otro acusador en el caso era la Unidad de Información Financiera (UIF), que días antes de dejara Mauricio Macri el Gobierno, presentó un escrito con 75 evidencias que señalan a Báez como el testaferro de los Kirchner. Pero la UIF, en el gobierno de Alberto Fernández, se retiró como querellante y solo que dó el fiscal,
El cambio de postura de Marijuan, al dejar de lado la acusación y promover el sobreseimiento de la vicepresidenta, había vedado la posibilidad de apelar. Ahora con la decisión de la Cámara Federal todo cambia y bases republicanas esta habilitada para hacerlo.
El fallo fue firmado por los jueces Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, con la disidencia de Eduardo Farah. Allí se tiene por parte querellante a la Asociación Civil Bases Republicanas y se habilita la apelación contra sobreseimiento de Cristina Kirchner.
Llorens, en su voto, dijo que “la corrupción en sus diversidades, que busca instalarse en los organismos estatales, daña las economías públicas justamente por quienes tienen el deber de administrarlas con un fin beneficioso para la Nación, socava las instituciones y genera un daño concreto a la ciudadanía (víctima), que se ve reflejado en el deterioro de las oportunidades que, con mayor calidad, podría brindarle al conjunto de la sociedad”. Y señaló que “estas características que definen a la víctima en el bien jurídico protegido y la legislación, la alejan de su concepto abstracto para obligar a los operadores a tener presente que las víctimas de esas conductas o atacadas o lesionadas por ellas, son personas de carne y hueso”.
“Resulta procedente la constitución como parte querellante de la asociación que nos ocupa en supuestos en los cuales se ven conculcados derechos colectivos fundamentales de la sociedad en general, en la medida en que el objeto social de la organización de que se trate abarque la defensa y protección de tales garantías y que ello guarde relación con las particularidades de los hechos investigados”, señaló Bertuzzi.
Farah, en cambio, sostuvo: “Sin dejar de observar ni tener en cuenta los extremos relativos al tiempo y modo en que esta pretensión fue introducida (a más de diez años de iniciada la causa y cuando los acusadores legitimados habían pedido la definición de la última situación pendiente, instando al sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner, luego decretado por el magistrado), lo central pasa porque no están dadas las condiciones que fija la ley para que la solicitante sea tenida por querellante”.
Dijo Farah que la claúsula que invoca Bases Republicanas “está ceñida, expresamente, a “procesos en los que se investiguen crímenes de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos” y que el alcance que intenta asignarle “no se ajusta tampoco a la finalidad del legislador al incluirlo”.
Ahora la Cámara Federal estará habilitada para decidir si vuelve a incluir a Cristina Kirchner entre los imputados del caso de la Ruta del dinero K, en la que ya fue condenado Lázaro Báez.
