La medida aplicará para aquellos ciudadanos sospechados de delitos castigados con al menos cinco años de cárcel. Además, será obligatoria una autorización de un juez
En medio de las protestas sociales contra el gobierno de Emmanuel Macron, el Parlamento francés aprobó en las últimas horas un proyecto de ley que permitirá a la policía, entre el período 2023-2027, acceder a distancia a las cámaras, micrófonos y GPS de los teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos de aquellas personas que están bajo investigación de delitos castigados con al menos cinco años de cárcel.
La medida, que forma parte de un artículo que contiene varias otras disposiciones, fue votada por la Asamblea Nacional en el marco de un proyecto de ley más amplio para reformar la justicia. De esta manera, esta Ley de Justicia se suma a una serie de medidas que viene implementando el Gobierno francés para ampliar la autoridad policial a través de la tecnología.
Con 80 votos a favor y 24 en contra, el artículo 3 del proyecto de ley obtuvo la mayoría en la Asamblea Nacional, gracias al respaldo de los diputados de la bancada presidencial (Los Republicanos y Renaissance -partido de Macron-) y el centroizquierdista Partido Socialista. Los bloques que conforman la Nueva Unión Popular Ecologista y Social (Nupes), liderada por el comunista Jean-Luc Melénchon, rechazaron la medida, al igual que la derecha encabezada por Marine Le Pen.
Sin embargo, varios senadores del partido de Le Pen y otros de bloques centristas anunciaron que darían su voto a favor de la ley luego de la semana de protestas y violencia que vivió París y otras ciudades del país. Esta iniciativa fue clave para que la legislación, que estaba trabada en el Congreso, avanzara hasta su aprobación.
Ahora sólo queda esperar a que el Presidente de la República promulgue la ley en los próximos 156 días. Durante ese periodo, los parlamentarios que se oponen aún tienen la posibilidad de recurrir al Consejo Constitucional.
El Senado, que aprobó la ley hace un mes, intentó restringir la medida a aquellos crímenes y delitos castigados con diez años de cárcel. Sin embargo, la Asamblea volvió a la versión impulsada por el Gobierno y, de esta manera, quedó establecido que aplicará a aquellos que están señalados por delitos penados con al menos cinco años de prisión.
