El ministro de Justicia, Martín Soria, presentará mañana una acción declarativa contra la Constitución provincial ante el máximo tribunal.
El gobierno nacional se meterá de lleno en la crisis de Jujuy por la aplicación de la nueva constitución provincial, que generó graves incidentes en la provincia la semana pasada. Poco más de una semana después de que los manifestantes ingresaran y prendieran fuego la legislatura provincial, el Ejecutivo intervendrá en el conflicto.
El ministro de Justicia, Martín Soria, presentará mañana una acción declarativa de la inconstitucionalidad de la Constitución de Jujuy ante la Corte Suprema. Así cumplió con un pedido que le había hecho Alberto Fernández y que el propio Presidente explicitó pocas días atrás en una conferencia de prensa en la Casa Rosada.
“He instruido al Ministerio de Justicia de la Nación para que analice y eventualmente promueva las acciones de inconstitucionalidad de los artículos de la reforma votada en Jujuy, que violan la Constitución Nacional y los tratados internacionales”, había dicho Fernández. Mañana será Soria quien cumpla con el pedido.
Uno de los artículos que resistencia causó en la provincia es el número 67, en el que se impiden los cortes de ruta. Cuando presentó la nueva Constitución Morales fue inflexivo. “La prohibición de los cortes de ruta es una convicción”, aseguró. El artículo, titulado “El derecho a la paz social y la convivencia democrática pacífica”, establece que “el Estado debe asegurar que las personas ejerzan sus derechos sin avasallar los derechos de otros, y garantiza la libre circulación de las personas”.
Este medio pudo tener acceso a la declaración donde se remarca que “la Provincia de Jujuy comete abuso, cuando al introducir la nueva redacción del art. 67, infringe la Constitución Nacional y pactos internacionales en ella incluidos”.
En esa línea, señala: “Podemos asumir que cuanto mayor sea la afectación a un sector determinado mayor será el volumen de la protesta y excederá cualquier poder de limitación. Y se contará con una herramienta legal que, claramente, tiende a la criminalización de la protesta”.
En la declaración se indica que “en los términos del artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y jurisprudencia de V.E., venimos a interponer acción declarativa contra LA PROVINCIA DE JUJUY, a fin de que V.E. declare la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de los artículos 67 inc. 4°, 94 y 95 de la Constitución de la Provincia de Jujuy”.
En la presentación del ministerio de Justicia se señala que la nueva norma “quebranta la razonabilidad que debe caracterizar a toda norma jurídica” y que se trata de “una cuestión de altísima gravedad institucional”. Además, agregan: “Tampoco debe soslayarse la innegable gravedad institucional que la cuestión conlleva, pues está en juego el orden institucional de la república y el sistema democrático, así como los valores que lo sustentan”.
Para Soria, a cargo de la presentación, “la Provincia de Jujuy, mediante su renovada carta magna, avasalla diversos derechos consagrados constitucional” y consideró que hubo “gravísimos hechos represivos ocurridos luego de la promulgación de la misma”. En ese sentido, recalcó las expresiones críticas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante las horas más violentas en Jujuy.
“La Constitución provincial, en los aspectos que son objeto de crítica en el presente, violan gravemente derechos humanos consagrados por nuestra Constitución Nacional y Tratados internacionales en los que la Nación es parte, comprometiendo en grado sumo la responsabilidad internacional del Estado Nacional”, indica el ministro en la presentación.
Dos días atrás la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación denunció al gobierno de Jujuy por la represión a los manifestantes y le pidió a la justicia que inicie una investigación penal sobre el accionar de las fuerzas de seguridad provinciales. “La presentación solicita que se investiguen los numerosos hechos de violencia policial en las protestas contra la reforma constitucional de la provincia”, indicó el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti.
