Las eventuales condenas para después del acuerdo de paz son otro punto de conflicto en las negociaciones para el cese del fuego entre Gobierno-FARC.
Los negociadores de las FARC en La Habana afirmaron que no se puede esperar justicia al término del proceso de paz si el Estado colombiano queda impune y la responsabilidad con las víctimas del conflicto recae solo en la guerrilla una vez firmada la paz.
El mensaje, leído por el jefe insurgente Pablo Catatumbo, alias de Jorge Torres Victoria, llegó tras el debate sobre la futura paz en las sesiones de esta semana del Congreso colombiano y el intento de agilizar las conversaciones que hace más de un año están dedicadas a la reparación de las víctimas, entre otros asuntos.
"No se puede pactar un modelo de justicia en que el Estado y los determinadores queden impunes", destacó el representante de las FARC.
Catatumbo recordó los casos de los llamados "falsos positivos" -campesinos y desocupados asesinados que eran luego presentados como guerrilleros muertos en combate-, los millones de desplazados, torturados y desaparecidos, las masacres atribuidas al paramilitarismo y la participación de menores en el conflicto, y se preguntó si "los partidos políticos, el empresariado, los terratenientes y las trasnacionales no asumirán ninguna responsabilidad".
La guerrilla criticó, además, la posición del Gobierno de "estigmatizar cuestiones que la contraparte considera determinantes" y advirtió que "la paz será una quimera" si se confunde la determinación de buscar la paz con una señal de "rendición o sometimiento".
Después, Santos insistió en que la paz en el país tiene que ser "sin impunidad", durante una videoconferencia que ofreció a periodistas y tuiteros, organizada por el periódico El Heraldo de la ciudad de Barranquilla.
"La paz que nosotros queremos es una paz justa, una paz buena, una paz conveniente para el país, una paz sin impunidad y una paz que nos va permitir a los colombianos cambiar el país en forma muy radical", agregó Santos que, por si acaso, remarcó que la Constitución de Colombia y los tratados internacionales suscritos por el país no permite amnistías.
Para el mandatario, "tiene que haber justicia, que tiene que haber investigación, tiene que haber juicio y tiene que haber condena, con penas, porque de eso no puede salirse".
Santos reseñó que las amnistías decididas en los últimos 50 años en América Latina, "inclusive a través de referendos, como sucedió en Uruguay en dos oportunidades, fueron tumbadas", por lo que “si se quiere seguridad jurídica, no podemos tener una paz con impunidad".
El gobernante señaló que en las conversaciones con las FARC en Cuba se está discutiendo "qué tipos de penas, cómo se van a pagar las penas para quienes sean condenados por la justicia".
Las FARC parecieron responder a pedidos de congresistas cercanos al ex presidente Alvaro Uribe, un duro crítico de las negociaciones, sector que pidió que los jefes guerrilleros cumplan condenas por sus actos.
"Debemos señalar que para hablar de justicia es necesario conocer toda la verdad. No se puede pactar un modelo de justicia en el que el Estado y los determinadores queden impunes", replicó la organización.
Los insurgentes también rechazaron las acusaciones del jefe del equipo negociador gubernamental, el ex vice Humberto de la Calle, que acusó a la guerrilla por la falta de celeridad en las negociaciones en La Habana.
"En el trascurso de las conversaciones hemos dado cuenta de presteza e interés por lograr rápidos avances", afirmaron las FARC, que acusaron al gobierno de "aplazar debates urgentes" sobre puntos "de fácil consenso".
Luego, Iván Márquez sumó otras quejas del sector, al reclamar que “nadie confunda voluntad de paz con rendición o sometimiento”.
Al inicio del tercer día del ciclo 39 de conversaciones, Márquez expresó tres "preocupaciones" de los insurgentes, que describió como "interpretaciones" oficiales "que en nada corresponden con la realidad".
La primera es que "el tema de la agilidad de las conversaciones es asunto que incumbe solamente a la guerrilla; la segunda que "se sigue confundiendo el concepto 'dejación de las armas' con 'entrega de armas', a sabiendas que la insurgencia no comparte esa postura"; y la tercera es que se hable de "los puntos de discusión pendientes como ilegítimos o ficticios, sabiendo que son puntos cuya solución es vital si se quiere llegar a un acuerdo final".
