Es porque dejó de percibir $ 22.000 millones durante este mes en el que la Nación desoyó la sentencia que ordenaba pagarle al gobierno porteño el 2,95% de los fondos coparticipables.
Mientras el kirchnerismo mantiene su ofensiva en el Congreso con el juicio político contra los ministros de la Corte Suprema, el gobierno de la Ciudad se prepara para avanzar desde el miércoles -cuando vuelva la actividad judicial- en el reclamo por el incumplimiento del fallo que ordenó a la Nación pagar el 2,95% de los fondos coparticipables.
En ese propósito, uno de los pedidos de la administración de Horacio Rodríguez Larreta será el embargo de la cuenta del Ejecutivo nacional en el Banco Nación, en tanto que también analiza pedir la aplicación de multas a los funcionarios que por orden del presidente Alberto Fernández, decidieron desoír el fallo de la Corte.
Las medidas son evaluadas por la Procuración General de la Ciudad, representada por Gabriel Astarloa, que aguarda el reinicio de la actividad judicial el 1° de febrero, para reclamar ante la Corte que se cumpla con lo dictaminado hace más de un mes.
El embargo de la cuenta bancaria es una medida de "ejecución forzada", ante lo que la Ciudad ya denunció en el expediente como el incumplimiento del fallo. En consecuencia se requerirá al máximo tribunal que se proceda al embargo de los fondos correspondientes que se deben girar desde que se firmó la sentencia el pasado 21 de diciembre, lo que significa alrededor de $ 22.000 millones.
Como resultado inmediato de ese planteo, se reclamará que al Banco de la Nación Argentina -dirigido por Silvia Batakis-, se lo intime a dar cumplimiento al fallo y por ende, que comience a depositar diariamente el dinero adeudado por este mes.
Dentro de la batería de medidas que se contemplan en estos juicios de ejecución, el gobierno de la Ciudad no descarta a través de su Procurador General, incluir un pedido de multas de aplicación a los funcionarios que por orden de Alberto Fernández, decidieron incumplir la sentencia del máximo tribunal.
El 21 de diciembre la Corte falló a favor de la Ciudad de Buenos Aires, al hacer lugar a una medida cautelar en la que ordenó al Ejecutivo nacional restituir a la administración porteña los fondos coparticipables recortados en 2020.
La Corte entendió que el reclamo era atendible y por otro lado, que había un daño ocasionado a las arcas de la administración de Horacio Rodríguez Larreta -que devino en la creación de nuevos impuestos-, cuyo incremento debía evitarse.
En base a estos dos pilares, se ordenó al Gobierno nacional que comience a pagar -al día siguiente del fallo- el 2,95% de los fondos coparticipables (la CABA reclama que se vuelva al porcentaje original de 3,5%, pero esa discusión aún no comenzó a analizarse).
Durante el mes que transcurrió desde la sentencia, la Nación decidió no acatar el fallo. Y en el último día hábil de 2022, Carlos Zannini, en su rol de Procurador del Tesoro, presentó la recusación de los cuatro ministros de la Corte y una revocatoria del fallo.
"Con ese planteo la Casa Rosada logró ganar tiempo", aseguran fuentes del gobierno porteño. Durante todo este mes no se acató el fallo y la Ciudad dejó de percibir $ 22.000 millones. Frente a ese escenario es que ahora la Procuración General de la Ciudad se prepara para pedir el embargo de la cuenta bancarias de la Nación y posibles multas para los funcionarios nacionales.
