El asalto a la plaza de los Tres Poderes en Brasil provocó un cimbronazo en la región ante una nueva crisis política, en este caso, de la principal economía. La irrupción de los fanáticos de Jair Bolsonaro en las sedes del estado brasileño en Brasilia provocó caos e incertidumbre, además de acusaciones cruzadas, generando el repudio del mundo que siguió las tristes escenas vía redes sociales y televisión.
El fallido intento de golpe de estado del pasado domingo arrojó al menos 1.500 detenidos y la apertura de un sinfín de sumarios contra los manifestantes pero también contra integrantes de las fuerzas de seguridad y funcionarios, entre ellos el propio expresidente.
Además, existe un fuerte cuestionamiento al accionar policial, acusado de falta de preparación o incluso complicidad, considerando la rapidez con la que los violentos ingresaron en los edificios gubernamentales. A esto se sumó que desde hacía semanas venían acampando frente al cuartel general del Ejército demandando un golpe de estado para impedir que Lula da Silva continúe como presidente tras la investidura del 1 de enero.
Un día después del caos, a las siete de la mañana la Policía Militar de Brasilia y de la Fuerza Nacional de Seguridad terminó de levantar definitivamente el último reducto del campamento levantado hace poco más de dos meses por simpatizantes bolsonaristas en la puerta del cuartel general del Ejército en Brasilia. En tanto, se presume que allí se gestó el asalto al Congreso nacional, al Palacio de Planalto y el Tribunal Supremo Federal, los símbolos de la democracia brasileña.
Si bien en el operativo liderado por los ministros de Defensa, José Múcio, y de la Casa Civil, Rui Costa, no hubo enfrentamientos, si hubo miles de detenidos: 1.200 personas que se negaron a retirarse del campamento y otras 300 personas que formaron parte del asalto fueron detenidas, todas siendo trasladadas a dependencias de la Policía Federal. Ante el gran número de detenidos y la falta de espacio en las dependencias policiales de la Federal, de las 200 personas que permanecen detenidas 176 fueron trasladadas a otras dos cárceles.
La Policía informó de que se han identificado al menos quince delitos relacionados con lo ocurrido el domingo en la plaza de los Tres Poderes. Entre ellos están los de golpe de estado, lesiones, desórdenes públicos, destrozos de bienes del Estado, posesión de armas y robo, después de que se confirmara que algunos de los asaltantes atacaron a periodistas que estaban cubriendo la escena para quedarse con sus equipos.
Con respecto a los destrozos, el gobierno brasileño reportó que los manifestantes que irrumpieron en el palacio presidencial "vandalizaron y destruyeron una parte importante de la colección artística y arquitectónica que representa un capítulo importante de la historia nacional".
El Ejecutivo, en tanto, todavía se encuentra evaluando los daños a la colección que forma parte del patrimonio cultural de Brasil e incluye pinturas, esculturas y bienes muebles de altísimo valor. Entre ellos se destaca la célebre "As Mulatas", de Di Cavalcanti, valuada en 8 millones de reales (cerca de un millón y medio de dólares), que quedó agujereada tras el asedio del Planalto.
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Otras importantes obras que sufrieron daños son "Bandera de Brasil", de Jorge Eduardo (1995), la Antigua Galería de los Presidentes que quedó arruinada por completo, y "El flautista de Hamelín", de Bruno Jorge, una escultura de bronce de 250 mil reales (cerca de 50 mil dólares) y que quedó destruida.
Fallas en seguridad y acusaciones cruzadas
Luego del intento golpista, surgieron interrogantes en Brasil respecto al accionar policial en la plaza de los Tres Poderes que permitió la "invasión" de los edificios del gobierno federal, en cuyas inmediaciones los manifestantes se encontraban acampando desde hacía semanas.
"Hubo, diría yo, incompetencia, mala voluntad o mala fe de las personas que cuidan de la seguridad pública del Distrito Federal", afirmó el domingo Lula, antes de volver a Brasilia en donde decretó la intervención federal para asumir la competencias de seguridad.
A lo largo de la mañana de este lunes, los agentes iniciaron el desmantelamiento del campamento después de que en la noche del domingo el Ejército no permitiera la entrada de la Policía. Según fuentes del gobierno brasileño a las que tuvo acceso el diario O Globo la negativa podría estar motivada porque muchos de los acampados eran familiares y conocidos de los militares. En respuesta, el juez del Supremo Alexandre de Moraes, uno de los objetivos de los bolsonaristas, ordenó el desmantelamiento del campamento y el cese temporal del gobernador de Brasilia.
A esto se sumó las "señales" que precedieron al domingo, como la del sábado por la noche, cuando un centenar de colectivos con 4.000 partidarios de Bolsonaro llegaron a Brasilia y se sumaron al campamento en frente de la sede del Ejército. Si bien esto motivó al ministro de Justicia, Flavio Dino, a movilizar al lugar a la Fuerza Nacional de Seguridad Pública (un cuerpo policial especial federal usado cuando hay amenazas contra la ley y el orden), esto no impidió que los manifestantes recorrieran 8 kilómetros hasta la plaza de los Tres poderes.
En medio de la búsqueda de cómplices, de Moraes destituyó al gobernador de Brasilia y aliado de Bolsonaro, Ibaneis Rocha; también el responsable de Seguridad, Anderson Torres. Ambos fueron apartados de sus cargos de manera temporal bajo la acusación de "omisión" y "connivencia" con los asaltantes.
