Sin nuevos apoyos, Alberto Fernández espera que el proyecto ingrese en los próximos días. Silencio en el massismo y el kirchnerismo
Con once gobernadores, un puñado de intendentes bonaerenses, y algunos de los principales socios de la coalición en silencio, el presidente Alberto Fernández espera que a más tardar a mediados de esta semana el bloque oficialista en la Cámara baja ingrese el proyecto de juicio político al presidente y el resto de los miembros de la Corte Suprema, una iniciativa destinada a erosionar a los jueces.
La hoja de ruta se terminó de delinear el miércoles, durante la reunión que Fernández mantuvo con Germán Martínez, el jefe del bloque del Frente de Todos en Diputados, y Carolina Gaillard, la legisladora entrerriana que preside la comisión de Juicio Político.
Ese día, el Presidente se convenció de que no llegaría a sumar más adhesiones que los 11 gobernadores que había conseguido tras la cumbre del martes en Casa Rosada, atravesada por una serie de llamativas idas y vueltas que tuvieron a Fernández y a Gustavo Bordet en el centro de la escena.
Es que el gobernador de Entre Ríos le había confirmado al jefe de Estado antes de participar de manera virtual de la reunión en Casa Rosada, mientras descansaba en Uruguay, que apoyaría el juicio político. Al final, le pareció que el proyecto era desmedido, y que comprendía a toda la Corte y no solo a su presidente, Horacio Rosatti. Por eso avisó que retiraría su firma, y dejó al Gobierno sin la docena de apoyos que pretendía.
Bordet se plegó al pelotón de jefes provinciales que le dieron la espalda a la iniciativa oficial: Sergio Uñac, Alberto Rodríguez Saá, Omar Perotti, Juan Schiaretti, Omar Gutiérrez, Arabela Carreras, Oscar Herrera Ahuad y Gustavo Sáenz.
En vísperas del fin de semana, el Presidente consiguió al menos que se plegaran a la embestida los intendentes del Gran Buenos Aires, a los que convocó en la residencia de Chapadmalal, el lugar que Fernández eligió para descansar en estos días.
En el Frente de Todos, la estrategia judicial divide aguas.
A pesar del rol de dirigentes bien kirchneristas como Leopoldo Moreau, Axel Kicillof o Jorge Capitanich, la ex presidenta Cristina Kirchner y el jefe de La Cámpora, Máximo Kirchner, se mantienen en silencio y expectantes en el sur del país.
Tras el encuentro del martes en Casa Rosada, el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, no intentó sumar voluntades al proyecto de juicio político. Tampoco Juan Manzur, abocado a tiempo completo, desde hace más de un mes, a la campaña tucumana.
En el kirchnerismo, la decisión del Presidente de anunciar que buscaría cumplir con el fallo de la Corte a través del pago de bonos a la Ciudad no cayó bien. Después de eso, en el acto de fin de año en Avellaneda, la Vicepresidenta se refirió al jefe de Estado, sin mencionarlo, como líder de la "agrupación amague y recule permanente".
El otro actor de peso de la coalición que se mantiene en silencio -así seguirá, según su entorno- es el ministro de Economía, Sergio Massa.
"Ni se metió en el tema. Está en una sola, que es la economía. No lo van a sacar de eje", resaltaron desde el Ministerio de Economía.
Para Massa, la agenda judicial es incómoda. Está convencido, en público y en privado, pero en particular públicamente, de que es momento de dedicarse solo a su rol. Para muestra, basta un botón: en el extenso reportaje que le concedió al diario Perfil, publicado este domingo, solo respondió sobre economía. Habían pautado una sola pregunta política. Así fue.
Lo cierto es que los tres diputados que integran la comisión de juicio político apoyarán el dictamen oficial. Se trata de Ramiro Gutiérrez, Vanesa Massetani y Micaela Morán. "Tienen libertad de acción", los justificaron desde el Frente Renovador. Suena difícil, sin embargo, que no hayan al menos consultado la posición con el jefe político del espacio.
Una situación similar arrastra el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, que tenía previsto volver de su licencia este domingo: en Casa Rosada dicen que Massa fue uno de los que lo convenció de adherir al proyecto. Otros vinculan ese apoyo directamente al Presidente y a su entorno.
En el massismo explican que el ministro no habló con nadie del tema. Y que el dictamen de comisión recién podría ver la luz en abril. Son demasiados meses para un año electoral y una economía que no da respiro.
