El gobierno nacional anunció que presentará un pedido de revocatoria "in extremis"
Una catarata de denuncias penales por el incumplimiento del fallo de la Corte Suprema provocó el pánico y el presidente decidió dar marcha atrás con el anunciado desacato, ya que exponía no sólo al jefe de Estado sino a toda la cadena de funcionarios implicados en el giro de los fondos de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires.
Atentado al orden constitucional y a la vida democrática, sedición, atentado y resistencia a la autoridad y malversación de caudales públicos eran sólo algunas de las denuncias que se impulsaron desde el anuncio de la desobediencia contra la primera plana del gobierno nacional. Desde el Presidente, pasando por la jefatura de Gabinete, el Ministerio de Economía, el Ministerio del Interior y el Banco Nación, un pelotón de funcionarios del Frente de Todos quedaban expuestos a la suerte de Comodoro Py, y también de la Corte Suprema, por el incumplimiento del fallo del máximo tribunal que resolvió una medida cautelar a favor de Horacio Rodríguez Larreta.
El riesgo era demasiado grande para los funcionarios del Frente de Todos que, pese a la presión de los gobernadores del PJ para desacatar el pago dispuesto por la Corte, pesaron más que los mandatarios provinciales a la hora de buscar una salida judicial, y política, que los preserve a partir del cambio de gobierno.
En ese contexto, Alberto Fernández anunció que pagará con bonos del Tesoro a la ciudad de Buenos Aires los fondos coparticipables que surgen de la medida cautelar emitida por la Corte Suprema de Justicia, a la vez que ratificó que presentará un pedido de revocatoria de la resolución y recusará a los miembros del alto tribunal. El jefe del estado instruyó a la Jefatura de Gabinete para que "reasigne los únicos recursos disponibles del ejercicio 2022 y los transfiera a una cuenta del Banco Nación a nombre del GCBA" y anticipó que "se utilizarán bonos TX31 y se los pondrá a disposición del cumplimiento de la medida cautelar que impugnamos".
"Dicha transferencia -refirió Fernández- comprenderá, en bonos, el dinero correspondiente a 90 días de vigencia de la medida cautelar, a la espera del fallo definitivo, o de una ley del Congreso que le asigne a este pago los recursos presupuestarios pertinentes". Sobre este punto, indicó que los bonos consignados "ya fueron aceptados por la Corte para atender la deuda del Estado nacional con la provincia de Santa Fe" y añadió que, "siendo así, no habría lesión al derecho concedido a la CABA, a menos que el tribunal crea que existen ciudades de primera y provincias de segunda".
La decisión de acatar el fallo, que convalida en los hechos un aumento de los fondos coparticipables para la Ciudad de Buenos Aires, fue comunicada por el Presidente ayer por la mañana a través de la red social Twitter. "Estoy convencido de que la resolución carece de los fundamentos exigidos a toda decisión judicial y por lo tanto está viciada, afecta legítimos derechos de las provincias argentinas y quiebra la igualdad sobre la cual se asienta el federalismo en nuestra Constitución Nacional", comenzó escribiendo el jefe de Estado.
"Además, he ordenado recusar a los jueces del máximo tribunal porque, habiendo fijado posición sobre la cuestión de fondo al dictar la medida cautelar, han prejuzgado contra el Estado Nacional, perjudicando sus cuentas y afectando los recursos de las 23 provincias argentinas", añadió Fernández a párrafo seguido.
Desde la oposición, la candidata presidencial y exministra de Cambiemos y la Alianza, Patricia Bullrich, celebró que "el Gobierno no pudo romper el Estado de derecho de la Argentina" y prometió "suspender" una presunta denuncia por "sedición" que dijo presentaría durante este lunes contra el Presidente.
No obstante la promesa de Bullrich, ayer ingresó una denuncia por "desobediencia" a funcionarios de la administración nacional, que será investigada por el juez Daniel Rafecas y el fiscal Ramiro González, según confirmaron fuentes judiciales.
El Presidente advirtió que debía "respetar las leyes vigentes", pero remarcó: "El artículo 22 de la Ley 23.982 indica que los pagos ordenados al Estado Nacional por orden judicial deben ser previstos en la ley de Presupuesto". En este punto, el mandatario explicó que "ni el Presupuesto 2022 ni el 2023, votado por amplia mayoría, prevén estos pagos".
Paralelamente, el Presidente informó que instruyó al Ministerio de Economía para que envíe al Congreso Nacional un proyecto de ley -para tratar en "sesiones extraordinarias"- que "prevea presupuestariamente los recursos necesarios para hacer posible cumplir la manda judicial conforme dispone la ley 23.982 en su artículo 22".
"Dicha norma deberá preservar el sistema federal vigente; no afectar los derechos reconocidos a las provincias argentinas y compensar las pérdidas que esta medida cautelar les produce", sostuvo para finalizar el jefe de Estado.
