Se trata de Isaac Eugenio Esparza Hidalgo quiien fue titular de las sociedades con las que los parientes de Daniel Muñoz compraron 40 hectáreas junto al mar en Turcos & Caicos, por US$ 30 millones
El juez federal Julián Ercolini le dictó prisión preventiva por lavado de dinero al abogado mexicano Isaac Esparza Hidalgo, recien extraditado desde México, como testaferro del exsecretario de Néstor y Cristina Kirchner, el fallecido Daniel Muñoz, ya que fue puesto como titular de sociedades que se utilizaron para adquirir por 30 millones de dólares unas 40 hectáreas junto al mar en las paradisíacas islas caribeñas de Turcos & Caicos, donde pensaban hacer un complejo hotelero de lujo.
Esparza Hidalgo quedó preso por no poder pagar su fianza por el delito de lavado de dinero, según la decisión judicial. El juez Ercolini, a lo largo de 80 carillas, explicó como la fortuna de Daniel Muñoz fue utilizada para realizar inversiones en la Argentina por centenares de millones de pesos y en el exterior por más de 70 millones de dólares.
Esta causa es un desprendimiento del caso de los “cuadernos de las coimas”, donde el juez menciona que “se logró acreditar la existencia de una organización criminal que desde las máximas autoridades del Poder Ejecutivo de la Nación y del exministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, en el período que va del 25 de mayo de 2003 al 9 de diciembre de 2015, diseñaron un mecanismo para recaudar dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilícitamente y además destinarlo a la comisión de otros delitos”.
Muñoz, dijo el juez, fue “un engranaje clave en el circuito de acumulación y traslado del dinero [en el caso de los cuadernos de las coimas] de los titulares del Poder Ejecutivo, en particular en lo referido a la recaudación de los fondos ilegales (se logró individualizar más de sesenta entregas de dinero que fueron recibidas personalmente por Muñoz), su derivación a los jefes y organizadores (incluyendo el traslado semanal del dinero en valijas y por medio de aviones oficiales de la Agrupación Aérea Presidencial desde el sector militar del Aeroparque Metropolitano “Jorge Newbery” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta los aeropuertos de Río Gallegos y El Calafate, en la Provincia de Santa Cruz) o la aplicación de esos fondos a otras actividades delictivas”.
Una parte de esos fondos fue recibida por Muñoz, que entre 2003 y 2009 ocupó los cargos de secretario adjunto, secretario privado del presidente y luego asesor presidencial con jerarquía de secretario durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Muñoz falleció el 25 de mayo de 2016.
Los fondos de Muñoz, producto de la recolección de las coimas, fueron invertidos en la Argentina y en el exterior. De acuerdo con la investigación, en la operatoria intervinieron la mujer de Muñoz, Carolina Pochetti, sus allegados Sergio Todisco, Elizabeth Ortiz Municoy y Carlos Cortez. También son mencionados en la operatoria Carlos Gellert (hijo de la exdiputada kirchnerista Blanca Blanco e hijastro del exgobernador de Santa Cruz Daniel Peralta), Perla Puente Resendez, Ricardo Barreiro, Daniel Blanco, Stella Marys Blanco, Gustavo Dorf, Luis Gugino, Leonardo Llaneza, Rubén Llaneza, el excontador de los Kirchner Víctor Manzanares, Franco Muñoz, María Jesús Plo, Miguel Ángel Plo, Mauro Profético, Alejandrina Pochetti, Pablo Raies, Roberto Sosa y Federico Zapucich, según escribió Ercolini.
El juez lo acusa de intervenir en la constitución de empresas y la compra de bienes. El capítulo que aborda en detalle el juez es el de las inversiones extranjeras que se dieron en dos etapas: primero crearon sociedades en los Estados Unidos y en las Islas Vírgenes con el fin de ocultar el origen ilícito del dinero y habrían comprado al menos dieciséis inmuebles, 14 en Miami y dos en Nueva York.
Entre los pisos en Miami hay una propiedad de 12 millones de dólares, otro departamento en un condominio por casi un millón de dólares; otro de 3,8 millones dólares y uno de 10,7 millones de dólares. Compraron edificios, departamentos, locales comerciales y hasta dos unidades del Plaza Hotel de Nueva York, en la 5ta Avenida: la unidad 1608, por la que se pagaron el 22 de septiembre de 2010 1.850.000 dólares; y la unidad 607, que costó 13.050.000 dólares. Todas las propiedades sumaban unos 70 millones de dólares.
La segunda etapa de la operatoria se inició en 2015 y 2016, cuando estalló el caso de Panamá Papers y se supo quienes estaban detrás de las empresas con cuentas offshore. La organización decidió mudar sus negocios al Caribe, para construir un complejo de lujo junto al mar en Turcos & Caicos, que iba a ser parte de la cadena Six Senses Resort. Solo por los terrenos se pagaron 30 millones de dólares, aunque el negocio era de 500 millones de dólares una vez concluido, dijo un involucrado en el caso.
Se desarmaron las sociedades americanas, se vendieron los inmuebles y el dinero se recondujo a diferentes cuentas en distintas jurisdicciones en el exterior. La maniobra se aceleró tras la muerte de Muñoz, en mayo de 2016.
Fue entonces que se incorporaron a la operatoria Jorge Isidro Baltazar Bounine, otro de los secretarios de los Kirchner; Juan Manuel Caampillo, exsecretario de Hacienda de Santa Cruz; Miguel Ángel Plo y los abogados extranjeros Charles Simon Sefaty, Jorge de la Hoz, Peter Karam, Robert D’Aniello y Sean Lawrence Sullivan.
Allí ingresó también el mexicano Esparza Hildalgo, conocido de Gellert, uno de los allegados a la familia de Muñoz. Colocaron a su nombre las sociedades controlantes que tenían en el exterior, Gold Black LTD y Old Wolf LTD, y dos sociedades de Turcos & Caicos: Marble Hill LTD y Woodhaven LTD. Le transfirieron las acciones de Pochetti y de Puente Resendez.
Como no podía justificar sus bienes para tener esas sociedades, fue designado como “trustee” para dirigir los negocios de Marble Hill y Woodhaven LTD en Turcos & Caicos, aprovechando su condición de abogado. De allí que el paquete accionario de las dos últimas sociedades pasara a Esparza no como dueño, sino “in trust”, pese a que en las Islas Vírgenes Británicas estaba registrado como propietario de las firmas.
El objetivo del plan de inversión en la isla era la creación de un complejo turístico, inmobiliario y hotelero, que debía tener la aprobación del gobierno local pues se trataba de un área protegida. Las gestiones para la concreción del proyecto fueron encomendadas a Sean Lawrence Sullivan, quien fue recomendado por el abogado Karam y con quien Carolina Pochetti se reunió en Miami.
Así, Esparza Hidalgo compró las parcelas que eran cuatro terrenos de diez hectáreas de superficie cada uno para la construcción del complejo. Las parcelas era de una sociedad controlada por Sullivan.
El juez dijo que la figura de Esparza Hildalgo y su rol en la aplicación en el Caribe de los fondos que provinieron de la liquidación del patrimonio de Daniel Muñoz en Estados Unidos fue primeramente señalada por los “arrepentidos” Carolina Pochetti y Carlos Gellert.
Parte del dinero proveniente de maniobras delictivas perpetradas por la asociación ilícita y que fue recibido por Muñoz, se puso en circulación en el mercado, con el fin de aparentar un origen lícito. Esas operaciones y la asociación que las desarrolló son el objeto de esta causa. A Esparza Hildago se le atribuyen las maniobras consistentes en la constitución de sociedades, la compraventa de inmuebles y la aplicación de inversiones en el exterior del país, previa exteriorización de fondos y colocación de activos a nombre de testaferros. “Todo ello, a fin de dificultar la individualización del dinero ilícito de Muñoz aplicado a todas esas inversiones y ocultar su verdadero origen, dotándolo superficialmente de apariencia lícita”, ecribió Ercolini.
El objeto del delito, entonces, es el dinero originado del esquema de recaudación ilegal comandado desde el Poder Ejecutivo Nacional y en particular del Ministerio de Planificación entre los años 2003 y 2015.
Buena parte de los 70 millones de dólares de Muñoz se perdió y no se sabe nada de él. Los acusados dicen que se los quedaron los abogados. Solo una parte menor, la que se invirtió en las parcelas de Turco & Caicos, pudo ser congelada a pedido de la Justicia argentina en 2019. Pero se congeló solo una de las cuatro parcelas.
