Desde principios de 2003 hasta julio último la nómina creció en 130.000 personas, más del doble de lo que cabría esperar a partir del aumento de la población.
Uno de los objetivos que se planteó el ministro de Economía, Sergio Massa, es el de poner límite al aumento de la nómina de personal en la Administración Central, y para eso, entre las primeras medidas que tomó junto con el jefe de Gabinete, Juan Manzur, se destaca la Decisión Administrativa 827 que puso en marcha el mecanismo dispuesto por el Decreto 426 del corriente año por el cual buscará tener un seguimiento mensual de la cantidad de empleados públicos en cada repartición del Estado, incluidas las empresas con mayoría de capital estatal.
Las estadísticas públicas vinculadas con la nómina laboral no se caracterizan por su homogeneidad y continuidad, en particular en lo que respecta al grado de desagregación por organismo, cartera ministerial y empresas del Estado.
De todas formas, en términos agrupados, la serie más completa y extendida en el tiempo que comienza en el primer trimestre de 2003, en el caso del conjunto de la Administración Central, organismos descentralizados, y otros entes del escalafón del sector público nacional no financiero y algunas empresas del Estado, permite observar el creciente peso del Estado sobre la población total, al generar un aumento en términos netos de más del doble de los puestos esperables por el crecimiento vegetativo (129.906 versus 59.700) que se requerían al inicio del período de marras y algo menos en términos relativos.
Al comienzo de la serie se informó un total de 262.150 trabajadores a cargo del Estado nacional, equivalente a 0,7% de la población total en el país; alcanza un pico de 406.348 y 0,93% de los habitantes en el segundo trimestre de 2016, por efecto inercial del gobierno precedente.
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La desagregación por período presidencial determina que en el tramo de poco más de 12 años y medio que sumaron las gestiones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner (mayo 2003 a noviembre 2015) se generaron 140.107 puestos netos; bajó en 25.887 en los cuatro años de Mauricio Macri, por efecto principalmente de la transferencia parcial de la Policía Federal al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (19.497 uniformados); y vuelve a subir en los primeros dos años y medio de Alberto Fernández (15.686 hasta julio último).
De esta primera aproximación del análisis del empleo en la Administración Central y la relación con el total de la población, surge que habría un exceso en el total de la nómina de unas 60.000 personas, equivalente a 15% del total, cuya poda permitiría un ahorro en el pago de remuneraciones y contribuciones patronales de unos $417.000 millones por año, a valores de julio último, muy cercana a los $500.000 millones que se requieren para poder cumplir en lo que resta del 2022 con la meta de un déficit fiscal primario (antes del pago de intereses de la deuda pública) comprometida en el acuerdo vigente con el FMI de 2,5% del PBI.
Las áreas más sobreexpandidas respecto del crecimiento muy superior al aumento del 26% de la población en 19 años son las del total de contratados 234% -unos 50.000 trabajadores- y convencionados 34% -unas 12.000 personas-, principalmente. Se excluye al escalafón de científicos y técnicos que superó esa vara en 50%, porque responde al bajo nivel inicial y al impulso de las innovaciones en ese segmento.
