Por: Auditor General de la Nación, Dr. Alejandro M. Nieva
Uno de los problemas más acuciantes que enfrenta hoy nuestro país es la falta de dólares. Los ingresos provenientes de nuestras exportaciones no alcanzan para hacer frente al pago de importaciones esenciales para la marcha de la economía.
Frente a la falta de acceso al crédito internacional, una de las fuentes disponibles de financiamiento son las provenientes de Organismos Internacionales de Crédito, como el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el Banco de Desarrollo subregional conformado por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay (FONPLATA), el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), entre otros, cuyos préstamos se destinan a financiar proyectos de inversión en diversas áreas.
En la actualidad hay créditos de este tipo otorgados en la órbita del ex Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, en la estratégica Secretaría de Energía, en la Dirección Nacional de Vialidad y el Ministerio de Obras Públicas, entre otros. Siendo ahora el Ministro de Economía quien asumirá el control de dichos créditos.
La Auditoría General de la Nación audita sistemáticamente buena parte de estos préstamos y viene señalando una importante sub-ejecución de estos créditos. Esto implica que, en algunos casos, estando los dólares disponibles para su inversión en el país, los mismos no se utilizan, impidiendo la concreción de los proyectos que en su mayoría apuntan a financiar obras de infraestructura y a cubrir urgencias sociales básicas de grupos poblacionales en situaciones de vulnerabilidad. Además de las irregularidades que ello conlleva, esta sub-ejecución generalmente implica abonar importantes comisiones de compromiso (penalidades asociadas a la ineficiencia o inmovilización de fondos).
En algunos casos esta situación afecta particularmente a los jujeños. Por ejemplo, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, financió con 300.000.000 dólares la construcción del Corredor Vial del Noroeste. Con varias etapas, el proyecto muestra un desembolso de tan solo el 27,6% en relación al monto total presupuestado por el Banco. Y sólo la mitad del dinero recibido fue invertido.
Así, para el año 2021 se estimaron desembolsos por USD 224.000.000, no obstante, finalizado el 2021 solo se habían desembolsado USD 82.750.000.
Como parte de este mismo proyecto, mediante Licitación Pública Internacional (LPI), la Dirección Nacional de Vialidad disponía de más de cinco mil quinientos millones de pesos para la realización del empalme entre el ingreso a la ciudad de Salta y San Pedro de Jujuy. Sin embargo, atento a que la obra beneficiaría a la provincia gobernada por Gerardo Morales, casi el 40% del presupuesto resta por ejecutarse.
La obra debería haber estado concluida en abril de este año y sin saber las razones que justifiquen el atraso, la Dirección Nacional de Vialidad informó sobre una nueva fecha de finalización extendiéndose el plazo de la obra hasta el 2023. Además, informan que a nivel general, están en tratativas con el BIRF para obtener una prórroga a los fines extender la fecha de solicitud del último desembolso.
Este es solo uno de los ejemplos del largo historial de incumplimientos en la ejecución de préstamos internacionales y políticas económicas contrarias al desarrollo.
De esta manera, la sub-ejecución no es inocua para la marcha de la economía y el desarrollo ya que, se reciben los fondos, se pagan intereses, como consecuencia de la no aplicación del dinero recibido se pagan importantes costos financieros en dólares, y en definitiva no se llevan a cabo los proyectos destinados a mejorar la calidad de vida de la población. Sumado a ello, las empresas contratistas también reclaman intereses por mora ante la falta de pago de los certificados de obra.
Así las cosas, se paga una gran cantidad de dinero sin que se concreten los proyectos. En definitiva, teniendo la posibilidad de aplicar los dólares recibidos a las economías locales, que además beneficiar a los destinatarios de los programas específicos, sirven para dinamizar la economía, el gobierno nacional no ejecuta adecuadamente los proyectos, perjudicando a sus ciudadanos y comprometiendo incluso la posibilidad de obtener financiamientos en el futuro por parte de los organismos mencionados.
Ante esta situación, la Auditoría General de la Nación comunicó al ministro de Economía, Sergio Massa, de los grandes retrasos en la ejecución de créditos otorgados por parte de los organismos internacionales y solicitó que se expliquen las razones de la falta de concreción de los programas y qué medidas adoptarán para corregir dicha situación.
