En el municipio de Pampichuela, Departamento Valle Grande, Provincia de Jujuy, 33 trabajadores y trabajadoras de la comisión municipal se encuentran desde diciembre sin percibir sus haberes. En simultáneo a insistentes denuncias de discriminación y persecución política, desde el día 16 de mayo del corriente decidieron instalarse en asamblea y protesta por tiempo indefinido en las afueras de la sede municipal, tomando dependencias y permaneciendo allí día y noche junto a familiares, vecinas y vecinos “hasta obtener una respuesta favorable” a sus demandas. En estas circunstancias, el comisionado Daniel Miguel Soruco hizo promesas de solución que hasta el momento no cumplió.
Soruco asumió en diciembre, en un contexto de irregularidades y cuestionamientos, y desde ese momento incurrió en reiteradas incompetencias y desatinos, tales como descuentos en los aguinaldos de trabajadoras y trabajadores del municipio y malversación de fondos públicos. Además, la Comisión Municipal quitó, sin ningún tipo de justificación, planes y programas que se encontraban en pleno funcionamiento y beneficiaban a gran parte de la población de Pampichuela, como becas y bolsones. También decayó el funcionamiento de la huerta comunitaria, cuyo producto cubría principalmente necesidades de adultos mayores, y restringió el alquiler del tractor municipal para familias de la zona. Por esta razón, se encuentra denunciado penalmente y en juicio político encausado por la vocal Sonia Tolaba. “El comisionado, desde el día que asumió, se presentó solo tres veces en el despacho municipal y cuando viene lo hace con amenazas a los trabajadores, asimismo varias amenazas fueron realizadas por parte de su vocal Zalazar Dalmira”, cuenta una de las vecinas que acompaña la lucha. Asimismo, vecinos de San Lucas y Santa Bárbara denuncian que están totalmente abandonados y están en la misma situación de haberes mal liquidados desde diciembre hasta la fecha, en tanto otros agentes fueron desvinculados de planta, motivo por el cual también se están acercando a pie y a caballo para acompañar las medidas de fuerza. Por todo lo expuesto, lo que se exige en este momento es la renuncia de Soruco.
Es oportuno consignar, que el 7 de mayo los trabajadores deberían haber cobrado salarios de abril, los que no fueron percibidos por el 50% de la planta municipal. Quienes sí cobraron, acompañan la huelga y están siendo amenazados con descuentos en sus haberes, en una clara maniobra que intenta dividir al movimiento obrero, atentando además contra el derecho a manifestarse pacíficamente.
La mayor parte de trabajadores y trabajadoras que aún no percibieron su sueldo, son jóvenes que habían sido incorporados recientemente en el municipio, pero casi todas las personas que allí trabajan tienen sus haberes sin llegar a la totalidad que corresponde, siendo que falsificaron los recibos de sueldos, situación que fue denunciada ante la Justicia.
Miguel Virazate, que cuenta con 27 años de servicio en el municipio, denuncia que desde diciembre le vienen “pagando mal el aguinaldo, los sueldos y el bono”. “Todos los meses he cobrado mal”, lamentó. Asimismo, como Miguel, son muchos más los que atraviesan por la misma situación. Tal es el caso de su hermano, David Virazate, que cuenta con 29 años de servicio en el municipio y además padece cáncer. Él también viene cobrando mal desde el comienzo de la gestión de Soruco. Si bien el comisionado cuenta con pleno conocimiento de la situación particular de David, dijo que ya estaba todo resuelto, pero su hermano y su señora expresan que esos dichos son falsos, ya que los haberes de David siguen sin percibirse, experimentando severas dificultades para cumplir los tratamientos de su enfermedad y que los mantienen con vida.
Miguel expresa que en una reunión personal con Soruco, le dijo que a él “no le interesan los problemas que el pueblo tenga” y que va a cumplir su mandato y se va. Si es que no le interesan los problemas de Pampichuela, lo que exigen estos vecinos es que renuncie y deje su lugar a otra persona que tenga las competencias para cumplir su cargo.
Por otra parte, los vecinos advierten que, si el comisionado sostiene sus amenazas y las cumple en detrimento de jóvenes de planta, se verán obligados a emigrar, en consecuencia los servicios se resentirían y la escuela quedaría sin estudiantes, ya que son sus hijos los que allí estudian.
En definitiva, mientras la Justicia no marque presencia en Pampichuela y resuelva las denuncias realizadas penalmente, el paro no se levantará. A su vez, de continuar la persecución política que está llevando adelante el comisionado Soruco, se exigirá por el medio que resulte válido que la provincia tome intervención y responda a las demandas de trabajadoras y trabajadores. Antonia Guerrero, Antonio Salas, Romina Salas, Aldo Pereyra, Marcos Leaños, Joaquín Ceballos, Dardo Gerardo Salas, Carina Emilce Mamaní, Judith Cortés, Lucio Guitián, Luis Arias, Faustino Tolaba, Lucía Jacinta Arias, Gabriela Arias, Mariano Tejerina, Luis Tejerina, Isabel Pereyra, Carolina Pereyra, Adrián Álvarez, Julio Ortuño, Raúl Pereyra, Joel Goyochea, Leonel Flores, Eliana Arias, Miguel Vinazate y Tatiana Arias.
