Una nueva estimación de la suba de precios anual figura en la agenda entre la Argentina y el organismo. Este jueves se conocerá el IPC del mes pasado, que será cercano al 6 por ciento. La Casa Rosada asegura que cumplió los cinco objetivos que se evalúan en esta misión.
En silencio y sin hacer olas, el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional continúan esta semana con la evaluación del cumplimiento de las primeras metas del programa económico, en un ida y vuelta que buscará, además, recalibrar algunas de las variables decisivas del acuerdo, como la proyección de inflación y el sendero de reducción de subsidios.
La dinámica de las negociaciones en marcha es menos estructurada que en otras ocasiones: no hubo un anuncio formal de ninguno de los dos lados sobre el inicio de una misión especial o del comienzo de la revisión trimestral de objetivos, que servirá como habilitación para el segundo desembolso en vista, por otros USD 4.150 millones que alimentarán, al menos temporalmente, las reservas del Banco Central, hasta que el Gobierno tenga que utilizar esas divisas para pagar vencimientos al propio organismo.
En la Casa Rosada aseguran que el cumplimiento de las cinco metas exigibles por parte del FMI para contar con el nuevo giro de divisas desde Washington está asegurado: el objetivo de déficit primario fue sobrecumplido por $30.000 millones, más allá de que tuvo una contabilidad que fue cuestionada por algunos analistas, el de acumulación de reservas también fue alcanzado por las compras de dólares que hizo el BCRA y el financiamiento neto desde el Fondo, la emisión monetaria estuvo muy por debajo del tope para este trimestre, la deuda flotante tampoco superó el techo que establecieron el Gobierno y el FMI y no hubo atrasos en el pago de deuda externa.
Esos son los cinco criterios de ejecución que acordaron el Poder Ejecutivo y el organismo para atravesar las sucesivas evaluaciones cada tres meses. Hay, en paralelo, lo que el programa económico llama “metas indicativas”, que aunque su nombre pueda sugerirlo, no son mandatarias para habilitar un desembolso, y no necesitan -a diferencia de los cinco criterios de ejecución- un waiver ante un caso eventual de incumplimiento. En este segundo grupo se ubican, por ejemplo, el piso de gasto social, un mínimo de ingresos fiscales al Estado y un límite a la intervención del BCRA al dólar futuro.
Según explicaron a Infobae desde distintos despachos oficiales ligados a las conversaciones con el FMI, las conversaciones “son diarias y permanentes”, pero tuvieron esta vez un perfil mucho más bajo que en otras ocasiones de contacto entre Buenos Aires y Washington. “Las charlas sobre la recalibración del programa ya habían iniciado de manera presencial durante la reunión de primavera del FMI y el Banco Mundial”, aseguran, en referencia a esa misión que encabezó Martín Guzmán en la capital norteamericana hace algunas semanas.
Algunas fuentes oficiales con conocimiento de las charlas con el Fondo Monetario aseguran que la revisión de proyecciones y metas -algo que, por el momento, no está en carpeta para el caso argentino- es algo que los funcionarios del organismo comentaban en Washington que deberá suceder en cualquier momento para otros programas financieros con otros países. La crisis de precios internacionales por la guerra en Ucrania trastocó algunas de las estimaciones centrales de la mayoría de los programas vigentes, por lo que la Argentina no será un caso excepcional para ese proceso.
De todas formas, admiten en el Gobierno, creen que no es momento de modificar las metas condicionales, en un momento en que el plan económico plasmado en el programa con el Fondo cuenta con cuestionamientos desde la propia coalición gobernante. Guzmán viene repitiendo en sus últimas apariciones en público, como un mantra, que el rumbo económico juega parte de su suerte en la magnitud de apoyo político que pueda recolectar, como un mensaje en clave interna.
En lugar de “recalibración”, los funcionarios locales utilizar otro término, en este caso “repriorización”. Esto es: no se cambiarán las metas “finales” para este año (2,5% de déficit primario, USD 4.800 millones de acumulación de reservas, y 1% del PBI como máximo de financiamiento del BCRA al Tesoro) pero hay espacio para mover algunas piezas que sin conformar el set de condiciones, se consideran esenciales en el espíritu del acuerdo.
Por un lado, la estimación de inflación que hicieron los técnicos del FMI y los funcionarios del Ministerio de Economía. Como tope, habían calculado un 48% anual, pero esa pauta quedó completamente vetusta tras la variación de los índices del primer cuatrimestre. El Gobierno ahora no espera una tasa menor al 60% anual para el cierre de 2022 en un escenario optimista y un recálculo de esa cifra deberá estar más cerca de ese nivel.
El IPC de abril, según estiman en el equipo económico, estaría cerca del 6%, en línea con lo que proyectaban algunas estimaciones en el sector privado. “Será menos malo que en marzo”, había anticipado Guzmán. Pasado el impacto más marcado de la crisis de precios internacionales por la tensión bélica, la inflación debería retornar a un nivel mensual de entre 3 y 4 por ciento, como lo fue, por ejemplo, diciembre y enero (3,8% y 3,9%, respectivamente).
El horizonte es, todavía, un escenario abierto. En algunos despachos oficiales, en las últimas semanas, apareció como número de referencia un 60 por ciento anual de inflación para 2022. Y eso ya era antes del 6,7% de marzo y el número de abril, más o menos cerca de 6% que termine siendo.
Desde el Gobierno admiten ahora que un rango anual de suba de precios de entre 60 y 65% -este último número es el que estimó el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) en su última entrega- aparece como una posibilidad “realista”. “Ese es número es esperable en caso de que salga todo bien”, se sinceraba este martes por la tarde un funcionario económico.
Por otro lado, los subsidios. Las condiciones internacionales de precios trastocaron los planes y proyecciones de gasto originales que tenía el Estado a la hora de asegurar el abastecimiento de energía para los meses de mayor demanda. Esto tendrá como consecuencia un gasto público mayor y menor margen para recortar subvenciones en 0,6% del PBI.
A lo largo de esta semana tendrán lugar las tres audiencias públicas no vinculantes para habilitar el aumento de tarifas que acordó Guzmán con el FMI y que está plasmado en el memorando de política económica. La cuestión de la política tarifaria no deja de estar marcada, de todas formas, por la fuerte interna en el Frente de Todos. Este miércoles, por ejemplo, Alberto Fernández hizo saber que despedirá a los funcionarios del área que traben la suba de tarifas, mientras que cerca de la vicepresidenta Cristina Kirchner aseguran que esos despachos no tienen poder para bloquear esa medida.
