Se trata de los correspondientes pedidos de juicio político a los jueces vocales del Superior tribunal de Justicia Beatriz Altamirano, Sergio González y Clara Langhe de Falcone; quienes presentaron su renuncia.
El presidente de la sala investigadora de la Legislatura, diputado Ramiro Tizón, detalló el trámite desarrollado en este proceso que al devenir en abstracto debido a la renuncia presentada por los letrados, pasó a archivo.
Tizón indicó que “al renunciar los denunciados, no hay posibilidad de continuar con el juicio, se ha perdido el objeto del mismo, con lo cual damos por terminado y tenemos que remitir estos pedidos de juicio político al archivo”.
En este sentido afirmó que el objeto de una denuncia y el posterior juicio político es la posible remoción del denunciado. También agregó que por el momento “no hay ningún otro pedido de juicio político en trámite, no va a haber más juicios políticos de los que hoy pueden estar circulando y de los que la prensa puede tener noticias, se ha terminado todo con esto”, concluyó.
Juicio político
Es el método de remoción de las máximas autoridades de una provincia o del país. La Constitución nacional establece que los funcionarios sujetos a este tipo de investigación son el presidente, el vicepresidente, el jefe de gabinete, los ministros del gabinete nacional y los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El juicio es político y, por eso, su desenlace tiene sólo consecuencias de ese tipo: su único objeto es la destitución de un funcionario o su inhabilitación para ejercer cargos públicos.
