Por Tania Braum
La Cámara Federal de Salta otorgó una cautelar a favor de una tabacalera, que la exime del pago del principal arancel a los cigarrillos, lo que genera diferencias entre empresas que tributan y las que no. Por estas excepciones, el Estado nacional dejó de recaudar 1.650 millones de dólares y las provincias productoras dejaron de percibir 940 millones.
La disputa legal por el pago del impuesto interno mínimo a los cigarrillos suma un nuevo capítulo. Ayer, el senador salteño Carlos Alberto “Ketty” Rosso, del departamento de Güemes, realizó un pedido de enjuiciamiento contra los miembros de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, por incumplimiento de los deberes a su cargo y mal desempeño de sus funciones.
La solicitud se da en el marco de la discusión de la constitucionalidad del gravamen –el principal que abona el sector–, que un grupo de compañías –entre las que se encuentran Tabacalera Sarandí, Tabacos Especiales S.A. (Tabes) y Bronway– logró eludir en los últimos años, gracias a medidas cautelares que obtuvieron por parte de la Justicia Federal.
Según pudo saber NOTINOR.COM, al estar exceptuadas de pagar el tributo, estas empresas pasaron de tener una participación cercana al 2% a concentrar más del 30% del mercado, ya que comercializan sus productos a precios inferiores que quienes sí lo pagan.
Pese al aval judicial, esto genera una competencia desleal, especialmente para los principales jugadores de la industria –Massalin Particulares y British American Tobacco (BAT, ex Nobleza Piccardo)–, teniendo en cuenta que continúan pagando el arancel.
En ese sentido, el pedido de jury efectuado ante el Consejo de la Magistratura fue motivado por una decisión reciente de la Cámara, que reavivó el conflicto de larga data entre las tabacaleras: recompuso una medida cautelar en beneficio de Tabes, para ser eximida del pago del tributo.
A fines de marzo, los jueces Alejandro Castellanos, Mariana Catalano y Guillermo Elías reestablecieron una disposición que beneficia a la compañía que fabrica tabaco en hebras para cigarrillos armados y que había sido dada de baja en 2021 por la jueza subrogante del Juzgado Federal 2, Mariela Alejandra Giménez.
Competencia desleal
En mayo de 2021, la Corte Suprema falló a favor de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y en contra de Tabacalera Sarandí, dejando sin efecto la medida cautelar que la empresa había logrado, lo que sentó jurisprudencia. Sin embargo, ni esta ni las demás compañías pagaron el impuesto mínimo obligatorio desde ese entonces.
Al respecto, Rosso sostuvo que los magistrados que fallaron a favor de Tabes otorgaron “un beneficio excepcional y absolutamente opuesto al principio elemental de igualdad ante la ley, lo que trajo aparejado, además de un claro daño al orden jurídico, un notorio perjuicio al fisco nacional y a los productores tabacaleros de las siete provincias argentinas productoras de tabaco, privándolos y afectando seriamente la composición de la remuneración prevista en el Fondo Especial del Tabaco (FET), lo que configura una gravedad institucional que excede el interés individual de las partes y afecta al sistema de recaudación nacional”.
A su entender, este tipo de medidas implica que no haya una equidad en las reglas de juego: “Es inadmisible que un tribunal desconozca el principio básico del ordenamiento jurídico de igualdad ante la ley y la creación, por vía de excepción, de un régimen impositivo especial, porque en este país todos los fabricantes de productos de tabaco están sujetos a las mismas reglas y a pagar idénticos impuestos”.
Cuánto deja de recaudar el Estado
Se estima que, en los últimos siete años, el Estado nacional dejó de recaudar 1.650 millones de dólares, de los cuales 940 millones los dejaron de percibir las provincias; 153 millones se recortaron de los ingresos del sistema de previsión social y 560 millones los habría dejado de percibir el tesoro para gastos presupuestarios del Gobierno nacional. Se calcula que la pérdida de recursos alcanzaría los 580 millones de dólares en 2022.
El gravamen fue creado en 2004, durante la presidencia de Néstor Kirchner, con el fin de evitar la evasión fiscal en el mercado tabacalero y acrecentar la recaudación de las provincias. Cuatro años más tarde, en 2008, el Congreso lo convirtió en ley y, en 2017, el gobierno de Mauricio Macri, reforma tributaria mediante, definió que el arancel debía calcularse de manera fija y no por porcentaje, y que se ajustara por inflación.
En diciembre, la AFIP modificó la forma en la que se cargan los impuestos, no dando opción a las tabacaleras a pagar un valor menor al impuesto mínimo. El 80% de un paquete de cigarrillos corresponde a la carga impositiva. Hoy, las principales empresas que pagan el tributo abonan 130 pesos en concepto del tributo.
