Así lo decidió el consejo integrado por sindicalistas y cámaras empresarias. El acuerdo paritario podrá ser sometido a revisión desde agosto.
El nuevo salario mínimo será de $47.850 para fin de año tras la reunión del consejo integrado por empresarios y sindicalistas. El aumento estipulado será del 45% en cuatro tramos, según informó el Ministerio de Trabajo.
El incremento se hará efectivo de la siguiente manera: 18% en abril, 10% en junio, 10% en agosto, y 7% en diciembre y las partes podrán solicitar a partir del mes de agosto una nueva reunión para su revisión, informaron. La votación fue por unanimidad, con 31 votos afirmativos y una abstención.
Con presencia de ejecutivos empresarios, dirigentes sindicales y del ministro de Trabajo Claudio Moroni protagonizaron esta tarde la primera reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil del año para definir una pauta de incremento del piso de remuneraciones laborales. La puja entre sindicatos y cámaras empresarias tuvo lugar en el marco de algunas negociaciones paritarias relevantes que cerraron en torno del 45% y de una aceleración inflacionaria que se reflejó en el aumento mensual de alimentos más elevado en cinco años.
El plenario final que definió la pauta inicial de incremento del piso de salarios estuvo integrado por el sector empresario con nombres como Daniel Funes de Rioja, Juan José Etala, Julio Cordero, Guillermo Moretti y Horacio Martínez (UIA), Carlos Francisco Etchezarreta (CAC), Jorge Hulton (Carmarco), Ricardo Diab (CAME), Carlos Achetoni (FAA), Abel Guerrieri (SRA), Paulo Ares (Coninagro), Alberto Frola (CRA), Verónica Sánchez (Fehgra), Javier Bolzico (Adeba), Juan José Gabbi (Bolsa de Comercio), y Jaime Campos (AEA).
Entre los dirigentes sindicales estuvieron Carlos Acuña (Estaciones de Servicio), Héctor Daer (Sanidad), Pablo Moyano (Camioneros), Antonio Caló (metalúrgicos), Ricardo Peidró (CTA Autónoma), Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (construcción), Sergio Romero (docentes), José Luis Lingieri (obras sanitarias), Roberto Fernández (transporte), Noemi Geminiani (encargados), Gabriela Pérez (seguros), Noemí Ruiz (modelos), Romina Santana (comercio) y Hugo Yasky (CTA).
Hace algunos días el jefe de la cartera laboral Claudio Moroni había asegurado que el Poder Ejecutivo esperaba que la puja salarial entre gremios y empresas este año comience con una pauta de 40%, con la posibilidad de reabrir negociaciones en caso de que la inflación supere esa cifra. Ese número actuaría como referencia de la suba que podría tener el salario mínimo.
El SMVM es importante no solo porque representa un piso de ingreso para los empleados sino también porque impacta en los montos de determinadas prestaciones sociales que brinda el Estado. De hecho, la mayoría de los convenios colectivos de trabajo ya tienen mínimos salariales por encima del que queda establecido año a año en este consejo.
El nuevo salario mínimo que se acuerde en la mesa tripartita impactará en distintas prestaciones sociales que están atadas a ese monto. En primer lugar, las jubilaciones de personas que completen los 30 años de aporte: sus haberes equivalen al 82% del SMVM. Luego, distintas prestaciones sociales que depende del piso salarial. En ese sentido, en las becas Progresar el salario mínimo vital y móvil funciona como tope para la entrega de la beca de estudio. El beneficiario, menor de 24 años, lo cobra si su familia gana menos de tres salarios mínimos.
Para el caso del programa Potencial Trabajo, cuyos montos se actualizan con los mismos porcentajes que el salario mínimo. Actualmente, Potenciar Trabajo otorga 16.500 pesos. El programa tiene una carga horaria de media jornada y recibe un monto igual al 50% del salario mínimo. También influirá en los montos de los seguros por desempleo.
El salario mínimo aumentó a lo largo de 2021 un 55,3% en distintos tramos. De todas formas, a pesar de tratarse de un incremento por encima de la pauta inflacionaria de ese año, los trabajadores informales, cuyos actualizaciones de ingresos se referencian en el SMVM, terminaron bien por debajo del ritmo de precios.
Por fuera del espectro del trabajo formal hay un universo de empleo no registrado que, a pesar de que la economía creció 10% y que la actualización del salario mínimo superó a la inflación en 2021, no pudo mejorar su situación de ingresos. En un despacho oficial hacían un diagnóstico crudo: que los aumentos del piso de remuneraciones, que se suele pensar como una referencia para los reajustes de trabajadores informales, en realidad no tuvo un efecto derrame sobre sus salarios.
“Tenemos que buscarle la vuelta, no tenemos hoy herramientas para mejorar los salarios de manera directa, solo podemos tratar de combatir la informalidad”, aseguró un alto funcionario del Poder Ejecutivo. La lógica es que las condiciones salariales del sector no registrado no depende tanto de la dinámica paritaria y de un aumento en el ingreso mínimo sino que está más relacionado con el nivel de actividad, una hipótesis que comparten en distintos ministerios ligados a la política económica.
De hecho, marcan que una de las razones por las que aún no se recompusieron los puestos de trabajo informales que había antes de la pandemia es que dos sectores que tienen una alta incidencia en la informalidad laboral, que son la gastronomía, hotelería y otras ramas del rubro servicios, todavía tienen un volumen de actividad menor al que tenía antes de la irrupción del Covid.
