La Justicia Federal de Jujuy deberá resolver sobre la explotación petrolera existente en el Parque Nacional Calilegua y también deberá investigar y decidir sobre los pasivos ambientales que produjo esta actividad en la reserva.
La Cámara Federal de Salta, resolvió el 15 de octubre último, un recurso de apelación que había sido interpuesto por los legisladores radicales Mario Fiad, Pablo Baca, Manuela Cabello y la Fundación Pámpanos quienes habían solicitado al Juzgado Federal Nº 1 que hiciera cesar la explotación petrolera y se expidiera en torno al pasivo existente en el Parque Nacional Calilegua.
La justicia federal jujeña, a través del Juez Mariano Wenceslao Cardozo, había rechazado de plano el recurso de amparo de los legisladores radicales, por lo que éstos apelaron a la Cámara Federal que resolvió finalmente que la justicia debe investigar el tema dada la trascendencia del asunto.
En la resolución emitida en la causa, los camaristas federales, revocaron el rechazo del amparo y ordenaron la devolución del expediente al Juzgado Federal para que le dé trámite a la demanda. En la resolución los camaristas señalaron que “la desestimación liminar resuelta por el juez de primera instancia debe ser revocada, pues la naturaleza ambiental de la cuestión y, por ende, su transcendencia, tornan conveniente escuchar a todas las partes interesadas y tomar conocimiento de los argumentos y pruebas que pudiesen contribuir al esclarecimiento de la contaminación denunciada por la explotación hidrocarburífera en el Parque Nacional y reserva estricta Calilegua”.
El diputado Pablo Baca, quien se desempeña como Presidente de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente de la Legislatura de Jujuy, explicó que en el Parque Nacional Calilegua “se lleva cabo una explotación de petróleo que está prohibida por las leyes”.
“En estas áreas –agregó- sólo se permite realizar aquellas actividades cuyo efecto sobre el entorno o ecosistema sean de carácter conservativo o recuperativo, quedando expresamente prohibida cualquier clase de explotación minera en general y de hidrocarburos en particular, y ello tanto de conformidad a la Ley de Parques Nacionales como a la Ley de Hidrocarburos”.
Pero además puso de relieve que allí existe “un pasivo ambiental como producto de esa actividad y no hay indicios de que pueda ser remediado”. Precisó que en el Parque Nacional Calilegua, se encuentran muchos pozos de petróleo abandonados, que ya no están explotación y que no han sido sellados como hubiera correspondido, por lo que han producido y se van a seguir produciendo accidentes, pérdidas y derrames”.
Explicó el legislador que ante la situación de peligro que representan esos pasivos ambientales y la explotación de petróleo en una zona particularmente preservada, desde la UCR se realizaron diversas acciones, entre otras denuncias administrativas y judiciales, para hacer cesar la explotación de petróleo y exigir la remediación del pasivo. Se denunció la situación tanto durante el gobierno de Walter Barrionuevo como de Eduardo Fellner y no existió ningún tipo de respuesta.
El legislador observó que frente a esto “el Gobierno de la Provincia, en lugar de tomar las medidas para poner fin a esta actividad ilegal, la ha venido promoviendo con la intervención de una empresa JEMSE y está decidido a prolongarla por muchos años más”.
Baca valoró la decisión de la Cámara Federal porque la justicia ahora deberá expedirse. “Esperamos obtener una sentencia favorable que ponga fin a una constante violación de normas ambientales y haga cesar una actividad que afecta un espacio destinado a la conservación de la biodiversidad y donde hay especies únicas y en algunos casos en peligro de extinción”.
