Las entidades tienen 90 días corridos para presentar los datos de su facturación, número de afiliados y valor de los planes que ofrecen, entre otros puntos
El Gobierno les ordenó a las entidades de medicina prepaga que entreguen periódicamente información demográfica, epidemiológica, prestacional y económico-financiera de sus empresas para poder incluirlas en tres grandes grupos que creó para categorizarlas, dependiendo de la situación en la que se encuentren. La medida fue informada a través de la Resolución 1950/2021, publicada este martes en el Boletín Oficial.
Las autoridades nacionales sostuvieron que correspondía “tipificar” a estas compañías, “disponiendo los requisitos específicos que se deberán acreditar para integrar cada clasificación, así como los requisitos y obligaciones que deberán cumplirse en cada caso”.
De eta manera, las firmas que actualmente estén inscriptas, sea en forma definitiva o provisoria, en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP) deberán, dentro de los próximos 90 días corridos, solicitar su inclusión dentro del nuevo esquema de ordenamiento.
Para esto, tendrán que presentar datos actualizados sobre la totalidad de sus planes de cobertura total y parcial que comercializa al público en general, cartillas, padrón de usuarios actualizado, cuotas percibidas y promedio, y balance general, entre otros puntos.
Una vez que lo hagan, serán categorizadas en tres grandes grupos:
*Tipo A: lo integrarán las entidades que brinden al menos un plan de cobertura integral en los términos del artículo 7º, primer párrafo, de la Ley Nº 26.682, cuenten con más de 50.000 usuarios y su cápita promedio por usuario resulte igual o superior a $4.000, valor que será actualizado en la misma proporción y oportunidades en que se hagan efectivos los aumentos de cuotas de los planes prestacionales.
*Tipo B: lo integrarán las firmas que también brinden al menos un plan de cobertura integral, pero no cumplan con el resto de los requisitos anteriormente mencionados.
*Tipo C: estará integrado por las compañías que no cumplan con ninguna de las condiciones establecidas.
Si alguna empresa no brinda los datos solicitados, la Superintendencia de Servicios de Salud procederá a tipificarla provisoriamente “de conformidad con lo que surja de sus presentaciones anteriores y se encontrará facultada para intimar la presentación de toda información faltante, disponer la realización de auditorías integrales, iniciar actuaciones sumariales a los efectos de determinar la procedencia de aplicar sanciones e, incluso, proceder a la baja de la entidad incumplidora en caso de no subsanar su incumplimiento”.
Por otra parte, cuando una firma esté incluida en una categoría y, por el motivo que fuere, dejase de cumplir los requisitos propios de ésta, deberá requerir el cambio de tipo dentro de los 30 días corridos de tomar conocimiento del hecho que motive el cambio.
A las entidades de Tipa A se les designarán síndicos, auditores y/o veedores específico para cada una de ellas que analizarán la información presentada y tendrán amplias facultades para requerir información adicional y/o propiciar las correcciones y/o adecuaciones que resulten necesarias.
En tanto, los datos aportados por las del Tipo B también serán revisados por estos funcionarios, pero que se designarán en forma rotativa y para cada caso, según disponibilidad y criterios de análisis de riesgo o mérito, oportunidad y conveniencia, aunque se advirtió que “serán verificados todos los casos de sospecha o denuncia de irregularidades”.
Por último, se precisó que los documentos que entreguen las empresas incluidas en el Tipo C solamente serán inspeccionados “en caso de sospecha o denuncia de irregularidades”.
En los considerandos de la Resolución, el Gobierno señaló que “la Ley N° 26.682 establece el marco regulatorio de la Medicina Prepaga, alcanzando a toda persona física o jurídica, cualquiera sea el tipo, figura jurídica y denominación que adopte, cuyo objeto consista en brindar prestaciones de prevención, protección, tratamiento y rehabilitación de la salud humana a los usuarios, a través de una modalidad de asociación voluntaria mediante pagos de adhesión, ya sea en efectores propios o a través de terceros vinculados o contratados al efecto, sea por contratación individual o corporativa”.
Más allá de esta última medida y sus alcances, desde hace tiempo el Gobierno ha intentado instalar una discusión: por ejemplo a principios de noviembre el electo diputado nacional y ex ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, reflotó el debate sobre una posible reforma del sistema sanitario, que en su momento fue respaldada por la vicepresidenta y ampliamente criticado por una parte del empresariado.
“Estuvimos en un enorme encuentro nacional de salud, del que participaron más de 15 mil personas, en el que empezamos a discutir cómo mejorar nuestro sistema sanitario, porque la pandemia también nos dejó enseñanzas de que podemos hacer las cosas mejores”, comentó.
A principios de este año, cuando el tema comenzó a estar en agenda, varios referentes del sector privado de la salud expresaron sus preocupaciones por esta iniciativa. Uno de ellos fue Claudio Belocopitt, presidente de Swiss Medical Group y uno de los principales referentes de la medicina privada en la Argentina, quien en ese entonces cuestionó la decisión del Gobierno de eliminar subsidios que estuvieron vigentes durante el 2020 y suspender una autorización que les permitía aumentar 7% las cuotas que pagan los afiliados.
“Hay una infinidad de fantasías que no tienen ninguna lógica. Una de esas fantasías es crear un sistema único de salud para tener el poder completo. Porque si vos creás un sistema único de salud, no solo lo vas a administrar, sino que además vas a disponer qué droga entra y cuál no y otras cuestiones más”, opinó el empresario sobre este tema.
