El paquetazo fiscal brasileño “fue brutal”, declararon dirigentes industriales de los sectores más afectados. El anuncio del ajuste el viernes último, en todos sus detalles, reveló que el impacto sobre los programas sociales dista mucho de ser blando o neutro. El caso de “Mi casa, mi vida”, por ejemplo, retraerá aun más la decaída construcción civil, lo que puso en alerta a los empresarios del sector. Sin embargo, para sectores del propio gobierno de Dilma Rousseff, los 23.000 millones de dólares de “ahorro fiscal” pueden ser insuficientes. Entre quienes iban por más, figuró el ministro de Hacienda, Joaquim Levy.
Insuficiente a los ojos del funcionario, éste esperaba alcanzar no menos de 26.000 millones. Y de alguna manera dejó trascender su desagrado, al dejar su asiento vacío en la mesa en que se sentaron sus colegas ante la prensa para explicar los pormenores del plan de austeridad. Según Nelson Barbosa, ministro de Planificación, “nadie debe leer la ausencia (de Levy) más que como una gripe”. Dijo que la contención de gastos fue “un trabajo conjunto de los últimos meses” y desmintió que haya existido “fricción” entre el equipo económico y la presidenta brasileña. Levy, que permaneció en su despacho a lo largo de la jornada, consignó en un mensaje a los periodistas que no haría declaraciones y que retornaría a su oficina el lunes.
Tal vez por eso generó tanta expectativa la divulgación de los cortes practicados en el presupuesto de 2015. Ya se sabía que sería menor al “deseado” por Levy, y que eso reflejaba una clara división interna sobre los rumbos del ajuste. En verdad, la cifra finalmente publicitada ya la había discutido Dilma con el equipo económico. Y en esa cita habían acordado también que deberían elevarse algunos impuestos. Entre ellos, se decidió aumentar por decreto un impuesto a las ganancias líquidas del sistema financiero. Esa resolución, que trajo revuelo entre los bancos, sube de 15 a 20% la alícuota del gravamen. Para el sector político del gobierno de Dilma, esa medida era indispensable para conformar a la población, que ve peligrar sus derechos laborales y jubilatorios, al tiempo que sufre con la recesión. En cambio, para el sector financiero, esto redundará en una reducción de su rentabilidad y una caída de los precios de las acciones de los grandes bancos.
No por casualidad, el jefe de economistas del banco Itaú, y ex director del Banco Central, Ilan Goldfajn, se alineó con el ministro Levy –también ex ejecutivo de uno de los grandes brasileños, el Bradesco– y reclamó: “Si bien el ajuste fiscal es importante, no resulta suficiente”. Estos sectores se cuestionan por qué aumentar impuestos si es posible bajar más los gastos.
Se admite, sin embargo, que el “gran tijeretazo”, el mayor desde que Lula da Silva asumió la primera presidencia en 2003, tendrá un fuerte impacto recesivo, estimado ahora oficialmente en PBI negativo en 1,2%, lo que indicará el peor resultado en 25 años. Este es el punto más complicado del ajuste, y va de la mano con las dificultades para aumentar la recaudación del Estado.
A sabiendas de lo que vendrá, Rousseff se reunió con el ex presidente Lula da Silva antes de que se efectuara el anuncio. Fue el segundo encuentro de ella con el jefe espiritual del PT en menos de una semana. En esa cita estaban el jefe de la Casa Civil, Aloizio Mercadante, y el ministro de Comunicación Social, Edinho Silva, ambos del Partido de los Trabajadores. Para el equipo de Dilma las mayores dificultades se miden en dos frentes: la rebelión en marcha en la bancada del PT en diputados y en las bases de la agrupación; y el efecto del desaliento social ante el fenómeno de baja del consumo y desempleo, ambos estrechamente asociados. El pesimismo imperante no es obra de la casualidad ni del malhumor político; es la consecuencia directa de un programa de gobierno que recortó en forma drástica el crédito de los bancos públicos a los sectores productivos. El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) redujo en 24% sus líneas de financiación a empresas como consecuencia de la nueva política.
