El Gobierno dispone un alza en los servicios públicos. Realizarán una segmentación detallada de los usuarios para aplicar ajustes diferenciados.
Desde que comenzó la cuarentena para prevenir la expansión del coronavirus COVID-19 en la Argentina, el presidente Alberto Fernández, dispuso un congelamiento en las tarifas de los servicios públicos. Sin embargo, se prevé que para el próximo año habrá aumentos de hasta el 60% en las tarifas de luz y gas para los usuarios de mayores ingresos. Mientras que el incremento promedio sería del 25%.
El Poder Ejecutivo estudia un solo incremento anual, para evitar costos políticos en 2021 que es un año electoral. Serían “tarifas de transición” que durarían todo el año. Incluso, recién para 2022 está prevista la revisión tarifaria integral (RTI), que sería el cumplimiento del marco regulatorio del sector.
El porcentaje de aumento de los que podrían pagar un aumento difiere según región geográfica, o si se trata de luz o gas. En el caso de Edenor-Edesur, casi uno de cuatro clientes es considerado como gran consumidor. Allí hay un 25% que podría pagar más. Y hay un 3% caratulado como de consumos máximos. Allí hasta se podría hacer un traslado a precio superior al 60%, según el sector.
La idea del Gobierno sería avanzar con aumentos para segmentos acomodados o poder adquisitivo medio, excluyendo los barrios de emergencia. En las empresas dicen que en varios asentamientos, la electricidad no se paga.
De esta manera, hay un 30% del padrón eléctrico al que no le llegaría el aumento. En esa línea, el secretario de Energía, dijo que los programas de asistencia de Anses como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) pueden funcionar como referencia. Sus beneficiarios no pagarían aumentos, o recibirían incrementos mínimos. En cambio, hay un 40% de consumos medios que convive con realidades mixtas.
Con el gas, el aumento sería anunciado en diciembre. Pero los consumidores recién comenzarán a notarlo hacia el invierno al subir la demanda.
