La comunidad internacional está obligada a garantizar unas elecciones limpias y transparentes
La crisis institucional venezolana ha entrado en un escenario completamente diferente al de la estéril y peligrosa parálisis vivida hasta ahora con la decisión del régimen de Nicolás Maduro de liberar a más de 100 presos y perseguidos políticos y de solicitar la observación internacional de Naciones Unidas y la Unión Europea para las elecciones parlamentarias previstas, en principio, el próximo 6 de diciembre. El anuncio de una parte importante de la oposición liderada por Henrique Capriles de que se plantea acudir a esos comicios, aunque presentando reservas en cuanto a las condiciones que todavía tienen que darse y la fecha, abre una vía de salida pacífica y democrática a una situación que ha colocado al país caribeño en un estado calamitoso en el ámbito social y económico.
Es cierto que Maduro ha movido una ficha fundamental al solicitar oficialmente la observación internacional de los comicios. Por el contrario, la liberación de algunos presos políticos debe ser considerada solo un primer paso —eso sí, positivo— ya que no ha sido total, y destacadas figuras como Juan Guaidó, Leopoldo López o Julio Borges permanecen procesadas o confinadas. La liberación e indulto de todos los presos políticos se considera, con razón, por la comunidad internacional, como una condición esencial para acudir al proceso electoral convocado por Maduro.
Depende a su vez de toda la oposición democrática que este encauzamiento desemboque en una solución satisfactoria, que no es otra que la vuelta de la democracia a Venezuela. La negativa, por ahora, del sector liderado por Guaidó —reconocido como presidente interino de Venezuela por cerca de 60 países, entre ellos España— no debería convertirse en un enrocamiento que condenara esta apertura. La deseable y necesaria evolución de gestos y acontecimientos debería culminar con la participación de todas las fuerzas políticas en las elecciones, lo que las dotaría de mayor legitimidad. En este contexto, parece razonable la propuesta de Capriles expresada en una entrevista con este periódico de que la observación electoral no se limite a la celebración estricta de los comicios, sino que se haga extensiva a todo el proceso, con un informe previo de la Unión Europea que estudie si las condiciones necesarias se darán para el 6 de diciembre.
Y aunque la elección de sus parlamentarios es una responsabilidad exclusiva de los ciudadanos venezolanos, corresponde a la comunidad internacional prestar todo su apoyo para que esta se produzca con total libertad y transparencia. La supervisión internacional es una de las condiciones exigidas permanentemente a Maduro para reconocer la votación y una aportación fundamental de las naciones democráticas a la normalización de la situación institucional en Venezuela.
