El presidente de Perú autorizó este sábado a las Fuerzas Armadas intervenir en la provincia Islay, donde el conflicto antiminero se cobró hoy su tercera víctima mortal, un policía, y ha dejado más de 200 heridos.
Una resolución suprema del Ministerio del Interior publicada hoy en el diario oficial El Peruano, con la firma del mandatario Ollanta Humala, ordenó a las Fuerzas Armadas apoyar a la Policía para "asegurar el control y mantenimiento del orden interno" en Islay, ubicada en la región de Arequipa, cuando se cumplen 48 días de paro indefinido.
Los militares tienen permiso para operar entre hoy y el 7 de junio y sus funciones se centrarán en "evitar actos de violencia y garantizar la plena vigencia del derecho a la libertad y seguridad personales y la libertad de tránsito por las vías y carreteras", entre otros derechos.
Las Fuerzas Armadas intervendrán sin que se haya declarado el estado de emergencia en la zona, medida que fue evaluada por el Gobierno después de los altercados violentos ocurridos el miércoles en la ciudad de Mollendo, donde cuatro policías fueron heridos, dos de ellos de gravedad, de los que uno falleció esta madrugada.
Los ministros peruanos de Interior, Jose Luis Pérez Guadalupe; de Justicia, Gustavo Adrianzén; y de Defensa, Jakke Valakivi, tienen previsto viajar hoy a Islay para supervisar la llegada de los militares. "En estos momentos (las Fuerzas Armadas) están resguardando ya puentes, túneles y todas las zonas de acceso y tránsito", anunció Adrianzén en un comunicado.
El ministro peruano del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, explicó a Radio Programas del Perú (RPP) que la Policía seguirá teniendo el control en la zona mientras no se declare el estado de emergencia.
"El decreto legislativo 1095 faculta el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía cuando esta se vea sobrepasada en su capacidad de control del orden interno. Decretar el estado de emergencia es ya la última medida", explicó Pérez Guadalupe.
El ministro del Interior anunció el viernes el envío de 2.000 agentes en los próximos días a Islay para reforzar la seguridad de la zona.
Adrianzén y Pérez Guadalupe lamentaron el fallecimiento del policía Alberto Vásquez, quien se convirtió hoy en la tercera víctima mortal del conflicto desde que se iniciara el paro indefinido el 23 de marzo, en cuyas protestas ya murieron dos civiles en las últimas semanas, uno de ellos por impacto de bala.
Vásquez permaneció tres días hospitalizado a causa de una fractura de cráneo sufrida tras ser golpeado por un grupo de manifestantes con piedras y cadenas metálicas, según los testigos.
Los ministros de Justicia e Interior culparon de la muerte del policía al presidente del Frente de Defensa del Valle de Tambo, Pepe Julio Gutiérrez. El Gobierno denunció el viernes a Gutiérrez ante la Fiscalía tras difundirse una conversación telefónica donde presuntamente aseguraba negociar una cantidad económica a cambio de levantar la protesta.
La ministra peruana de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, expresó hoy a RPP la disposición del Gobierno de continuar el diálogo con los opositores al proyecto minero, frustrado en dos ocasiones, pero pidió "interlocutores válidos", al considerar que Gutiérrez quedó cuestionado por los audios.
La minera Southern Copper, filial del Grupo México, anunció el pasado 27 de marzo que seguirá desarrollando el proyecto, horas después de que su vocero oficial en Perú anunciara su cancelación por lo que definió como "terrorismo antiminero".
Southern contempla la inversión de unos 1.200 millones de dólares para la construcción de Tía María, cuya producción estimada es de 120.000 toneladas métricas anuales de cátodos de cobre a partir del inicio de sus operaciones.
