Rafecas enfrentaba desde 2012 una denuncia por su cruce de mensajes de WhatsApp con el abogado de uno de los acusados del caso Ciccone, que en aquel momento estaba en sus manos. El intercambio fue divulgado por otro de los imputados, el vicepresidente Amado Boudou, en una conferencia de prensa, con el objetivo -alcanzado- de que la Cámara Federal le sacara la causa. Dos años más tarde, el heredero de Rafecas, Ariel Lijo, lo procesó.
Oyarbide, quien ya había estado a punto de perder su cargo en el 2001 y fue acumulando varias denuncias en su contra, estaba bajo la lupa a causa del ostentoso anillo cuyo costo en su momento se había estimado en 250.00 dólares.
Lon consejeros radicales Angel Rozas y Gustavo Valdez, y el abogado Miguel Piedecasas intentaron posponer el tratamiento del caso Rafecas, quien finalmente logró el archivo de la causa en su contra porque ya se había superado el plazo de tres años fijado como tope para tramitar una denuncia en el Consejo de la Magistratura.
Respecto a Oyarbide, finalmente las pesquisas judiciales fijaron el valor del anillo en 75.000 pesos, y no se pudo establecer que hubiera sido ingresado al país de forma ilegal. La denuncia contra el juez fue archivada con el voto de los representantes del kirchnerismo, que también evitaron la aplicación de una multa del 30 por ciento sobre su sueldo.
