El gobierno nacional pretende acelerar la implementación del nuevo Código de Procedimiento Penal de la Nación. Y lo promueve con una oferta salarial que ya comenzó a generar polémica.
El artículo 46 del proyecto de ley de Implementación del nuevo CPPN establece, bajo el título de "compensación funcional", algo claro, que no deja lugar para dobles lecturas: "Los cargos de jueces federales y nacionales de primera instancia que, de acuerdo al régimen progresivo de esta ley, pasen a intervenir en casos regidos por el Código Procesal Penal de la Nación aprobado por ley 27.063, serán equiparados salarialmente al rango de jueces de Cámara".
En resumen, esto quiere decir que el Gobierno les ofrecerá un 25% más de sueldo a los jueces que usen el nuevo Código Procesal, según se indica en uno de los proyectos de implementación que el Poder Ejecutivo envió al Congreso de la Nación.
"Mamarracho encubierto" o "coima encubierta" son algunas de las duras definiciones que -en diálogo con el diario Clarín- pronunciaron veteranos fiscales al analizar esta propuesta del oficialismo.
La suba salarial del 25% puede ser superior, ya que será de acuerdo a la antigüedad de los jueces que se adapten de entrada a la nueva norma. Un magistrado de primera instancia gana hoy -en promedio- unos 60 mil pesos mensuales; en tanto, un camarista cobra alrededor de $80 mil.
Son cinco los proyectos del oficialismo que buscan poner en marcha el nuevo Código Procesal Penal. Entre ellos, el Poder Ejecutivo incorporó la creación de una Procuraduría de Defensa de la Constitución, cuyo control estará bajo la órbita de la titular del Ministerio Público, Alejandra Gils Carbó.
El objetivo de la reforma es unificar en un solo funcionario el "control difuso" de constitucionalidad que existe actualmente, que habilita a cada fiscal particular a actuar según su criterio sobre la Carta Magna.
