La denuncia que se presentará este lunes, es puntualmente la que corresponde a la liberación efectuada el 7 de abril del violador Néstor Luis Ibars, que en 2015 abusó sexualmente de una menor con retraso madurativo.
El juez de ejecución de Bahía Blanca Claudio Brun revocó la polémica prisión domiciliaria que el 7 de abril pasado le había dado a un sujeto condenado a siete años de cárcel por haber violado a una chica de 17 años con retraso madurativo.
Esa marcha atrás en su propia decisión no bastará para evitar que mañana, lunes, organizaciones sociales y dirigentes políticos reunidos en el Observatorio de Víctimas de Delitos (OVD) de la Cámara de Diputados lo denuncien ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense por ese polémico caso, en el contexto del generalizado rechazo a la salida de detenidos por delitos graves justificada en el eventual peligro de contagio de coronavirus dentro de las cárceles.
La denuncia que se presentará este lunes, es puntualmente la que corresponde a la liberación efectuada el 7 de abril del violador Néstor Luis Ibars , que en 2015 abusó sexualmente de una menor con retraso madurativo. El condenado salió en libertad sin que el juez notificara a los familiares de la víctima, sin que existiera ningún caso confirmado de coronavirus donde el criminal cumplía su condena de siete años, y además -aseguran los familiares- no se recibieron informes del Servicio Penitenciario.
En las últimas horas se supo que ayer el juez de Ejecución Penal N°1 del Departamento Judicial Bahía Blanca había revocado su propia decisión, luego de corroborar, a partir del informe ambiental realizado por el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) que "no estaban dadas las condiciones de seguridad para él y para su familia" en el domicilio al que Ibars había sido remitido desde la cárcel de Saavedra para cumplir la sentencia por la violación. La propia mujer del condenado se había presentado ante la Justicia para manifestar que vecinos arrojaban piedras y objetos hacia la casa a sabiendas de que Ibars estaba allí. Anoche, Brun ordenó su traslado al penal de Villa Floresta, en Bahía Blanca.
No obstante esta revisión de la polémica resolución, el primer fallo en el caso Ibars desconoció al menos otras dos leyes nacionales: la de protección integral de mujeres y la de víctimas de delitos. La acusación en el jury estará encuadrada bajo las imputaciones de " violación de los deberes inherentes a su cargo" y la "comisión de graves irregularidades en un proceso" .
Viviam Perrone, referente del Observatorio de Víctimas de Delitos: "Este juez no se preocupó por la víctima ni por la familia; no se interesó por el violador condenado, no lo fue a visitar personalmente ni se interesó por las condiciones socioeconómicas y ambientales [en las que cumpliría la prisión domiciliaria]. El violador vivirá en una casa con otras diez personas, peor que en su celda". Al revocar su propia resolución, el juez Brun le dio la razón.
Agregó Perrone: "No se pidieron tobilleras ni controles de acompañamiento para ver cómo iba a cumplir con el beneficio de la prisión domiciliaria. Brun ni siquiera debe haber leído el caso, y por eso dio marcha atrás. Tienen gente que lee los expedientes para ellos; luego van y colocan la firma. Pedimos que los jueces trabajen por los derechos de toda la sociedad".
El diputado Fernando Gutiérrez, del OVD, dijo que el juez Brun liberó, antes que a Ibars, a los siguientes criminales:
- Juan Pedro Bergondi. Ex policía bonaerense, fue condenado a 16 años de prisión en 2007 por abusar sistemáticamente, durante tres años, de una niña que tenía 9 y cuyo testimonio, prestado en Cámara Gesell, fue esencial para el dictado de la sentencia. Bergondi ya había solicitado salir antes de la cárcel, pero sus pedidos habían sido denegados por la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal.
- Pedro Efraín Muñoz. Condenado en 2011 por abuso sexual gravemente ultrajante y reiterado de una niña. Se trata de un hombre con antecedente de alcoholismo, que recibe reiterados informes psicológicos negativos de las autoridades penitenciarias y que, no obstante, ya había solicitado el acceso a la prisión domiciliaria.
- Luis Alberto Riquelme . Tenía 36 años cuando el Tribunal Oral Nº3 lo condenó, en 2014, a seis años de cárcel por violar a una chica de 11 años, delante de la madre de la niña y de su hermana, a las que mantenía amenazadas con un arma de fuego. Además, fue acusado de tentativa de homicidio. Sin embargo, esperó su juicio y transitó la investigación en libertad. Cuando la policía bonaerense intentó detenerlo, se enfrentó a los tiros, pero no hirió a nadie.
- Ricardo Roberto Moreyra. Fue detenido en septiembre de 2017 en una casilla del barrio Portal Este, de Bahía Blanca, acusado de haber violado a una niña de 9 años. Él tenía 63 años y registraba antecedentes penales. Su expediente está caratulado como "abuso sexual gravemente ultrajante".
- Entre los violadores liberados también se encuentra un hombre llamado Eduardo Ariel Ziegemann . Pero el juez Brun también liberó a un grupo de asaltantes acusados de "robo agravado por el arma de fuego" y "robo con arma" llamados Juan Mattioli, Claudio Molina, Juan Domingo Sosa, Cristian Victola. También, a Federico Longiariu , un ladrón reincidente que, además, fue condenado por intento de homicidio y portación ilegal de armas.
