"La aprobación final de esta iniciativa constituiría una ruptura irreparable con el compromiso de equilibro", aseguro.
Obligaría a habilitar partidas excepcionales que solo serían posibles mediante recortes o aumentos de impuestos.
El primer ministro de Portugal, el socialista António Costa, ha amenazado este viernes con dimitir si finalmente es refrendada la medida que reconoce que la actualización de los salarios de los profesores debe incluir casi diez años de congelación.
"La aprobación final de esta iniciativa constituiría una ruptura irreparable con el compromiso de equilibro" y "comprometería la credibilidad internacional de Portugal", ha dicho Costa, en una declaración institucional tras encabezar una reunión "de emergencia" con su Gabinete.
"No estamos haciendo chantajes ni ultimátums. Es mi deber de lealtad informar con franqueza a los portugueses", ha afirmado el primer ministro.
Aceptar las demandas del colectivo de profesores, ha señalado, obligaría a habilitar partidas excepcionales que solo serían posibles mediante recortes o aumentos de impuestos.
Además, si prospera la iniciativa, se abriría la puerta a una serie de demandas similares de otros empleados públicos y de trabajadores que sufrieron también congelación salarial durante los peores años de la crisis. De hecho, los militares, la Guardia Nacional y la Policía Marítima ya han anunciado que exigirán el mismo trato que los profesores.
Elecciones en octubre
El anuncio de Costa abre un tenso compás de espera hasta el próximo día 15, cuando está prevista la votación final de la iniciativa en el Parlamento. "Cualquiera de las alternativas compromete la gobernabilidad", ha dicho Costa.
El conflicto no es nuevo. Los profesores, uno de los gremios más beligerantes frente al Ejecutivo socialista, arrastran un año y medio de movilizaciones en reclamo de una actualización salarial que contabilice su antigüedad total. El Gobierno se ha negado insistentemente, porque, sostiene, este reconocimiento supondría un aumento del gasto público de más de 600 millones e impediría cumplir los objetivos presupuestarios, en sintonía con el reclamo de la Unión Europea.
A cinco meses de las elecciones legislativas previstas para octubre, esta crisis ha revelado la soledad del Gobierno y las debilidades de la alianza de izquierdas que llevó a Costa al poder. "Cuatro partidos se han entendido en la Asamblea de la República para aprobar algo que no habían propuesto (en sus programas electorales)", ha dicho el primer ministro.
El primer ministro se ha referido así a la aprobación, el jueves en el Parlamento, de una iniciativa para contabilizar de forma integral el tiempo de servicio congelado a los profesores para actualizar sus salarios. Todos los grupos, a excepción del socialista, votaron a favor.
Según Costa, sus aliados en el Gobierno, el Bloque de Izquierda y el Partido Comunista, son "coherentes" con lo que han venido defendiendo desde 2017, pero la derecha se ha sumado, en una actitud "incoherente".
La oposición critica la actitud de Costa
Las reacciones no se han hecho esperar y la oposición ha criticado la actitud de Costa, que pese al desgaste propio en la gestión de Gobierno es favorito en las encuestas para las elecciones de octubre.
Tras escucharle, sus socios comunistas han adelantado que volverán a votar en favor de la medida: "No entraremos en el juego de dejarles condicionar nuestra posición. Los chantajes del Gobierno con el PCP no funcionarán", han advertido.
Por su parte, la coordinadora del Bloque de Izquierda, Catarina Martins, también ha avanzado que mantendrán su voto y ha lamentado la "inestabilidad" creada por el "ultimátum" de Costa, aunque ha subrayado su "lealtad" al pacto de gobernabilidad con los socialistas.
También se ha mostrado dispuesta a mantener su voto Heloísa Apolonia, líder del Partido Los Verdes -también socios del Gobierno-, quien ha dicho que el anuncio constituye un "chantaje inadmisible".
Por último, la derecha tampoco parece dispuesta a moverse. "No tenemos dos caras", ha llegado a decir el líder conservador Rui Rio.
