La Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto el fallo emitido por el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy que prohibia la participación en reuniones multitudinarias a un grupo de dirigentes sindicales y afiliados del Sindicato de San Pedro de Jujuy, por apoyarse en una afirmación meramente dogmática y no dar una respuesta adecuada al planteo de los dirigentes sindicales y afiliados.
Justo Pastor Leguizamón, Roberto Urzagasti, Pilar Magdalena Ruiz y Ariel Marcelo Gutiérrez habían sido acusados y detenidos por los delitos de amenazas agravadas, daños agravados y turbación al ejercicio de la función pública, en el marco de episodios ocurridos durante una movilización el 12 de febrero de 2014.
Más tarde el Juzgado de Control nº 6, del Centro Judicial San Pedro, Provincia de Jujuy decidió el cese de las medidas cautelares de detención y restricción de la libertad de los dirigentes con condiciones.
“Para permanecer en libertad no debían "Participar de Reuniones Multitudinarias y/o Manifestaciones Violentas en el ámbito de la ciudad de San Pedro de Jujuy".
La Dra. Mariana Bassutti y el Dr. Jorge Iglesias, representantes legales del sindicato apelaron la medida por considerar que constituía una maniobra encubierta para apartarlos de las actividades que diariamente realizaban como integrantes del sindicato vulnerando derechos constitucionales inherentes al ejercicio de la libertad sindical reconocidos en la Constitución Nacional.
Alegaron que la medida era injustificada, por no ser necesaria para garantizar el normal desenvolvimiento del proceso penal, y por tanto ilegal e irrazonable.
La Cámara de Apelaciones rechazó la resolución y el caso pasó al Superior Tribunal de Justicia de la provincia que finalmente desechó la apelación.
Con este fallo, la Corte Suprema echa por tierra el polémico antecedente que impondría el criterio de excarcelación condicionada a libertades individuales que impuso la Justicia jujeña.
