Según trascendidos, en los organismos ministeriales ya se activaron instrucciones para hacer desaparecer itinerarios administrativos de acciones sin suficiente respaldo y datos comprometedores. También hubo denuncias a nivel nacional de incendios sospechosos que hicieron desaparecer registros oficiales.
24.03.2015 || Días atrás el Jefe de gabinete de la Nación Anibal Fernández relativizó, aunque admitió que se produjo hace 30 días, un incendio en la Casa Rosada, tras el cual se habrían perdido los registros de ingresos y egresos de personas en un segmento de tiempo importante, pero el ministro dijo que existe una copia de respaldo.
Esta situación de limpieza de datos, se alinea con las potenciales demandas que según la oposición sufrirá el actual oficialismo en Jujuy en el 2016, donde la ley de “Imprescriptibilidad de los delitos” que invierte la carga de la prueba comprometería a centenares de funcionarios actuales.
La preocupación habría llegado a todos los ministerios del gobierno de Jujuy, donde resolvieron agentes especializados realizar un ordenamiento, que implica no dejar datos sospechosos, ni huellas administrativas, de cualquier protocolo que no tenga suficiente respaldo para excusarse de irregularidades.
Tal vez el procedimiento sea una consecuencia de tantos años de evitar la presentación de la denominada cuenta de inversiones, paso constitucional que habría quitado sospechas a la gestión de Eduardo Fellner, pero la omisión de la obligación republicana ahora pone en tela de juicio a toda la administración del gobierno que por las negativas encuestas estaría en un final de ciclo.
La mayoría de los organismos del estado provincial adolecen de transparencia, el desarrollo de las actividades responde al uso discrecional de cajas, con lo cual sin acusar desvíos de fondos, sobrefacturación o tráfico de influencias, de cambiar de manos el gobierno, deberán aclarar innumerables operaciones, las cuales en el siglo 21 deberían estar a disposición de cualquier ciudadano colgadas en las paginas oficiales de cada repartición.
Pero, la negativa generada desde el propio Gobernador, esquivo a dar explicaciones, conferencias de prensas abiertas, menos aún documentación respaldatoria de los actos de gobierno, ni responder a observaciones de fiscales o pedidos de la justicia, alimentan la hipótesis de limpiar datos controvertidos o comprometedores para evitar interpretaciones distorsivas.
