El magistrado, quien tiene que decidir si eleva a juicio el caso en cuestión, evalúa el pedido de todas las partes, en el caso en el que la UIF es querellante en el caso por el cual la exmandataria nacional está procesada por presunto lavado de dinero. Ahora, se correrá vista a la Oficina Anticorrupción, también querellante en el caso, previo a definir si eleva a juicio el expediente.
El pedido de juicio ya fue formulado por los fiscales del caso, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, y abarca además al empresario vinculado al kirchnerismo Lázaro Báez. Ante el juez federal Julián Ercolini, los fiscales presentaron el pedido para que la causa en la que se investigan presuntas maniobras de lavado de dinero mediante el alquiler de habitaciones vaya a juicio.
Ahora es el magistrado Ercolini el que debe definir el pedido que alcanza a 18 imputados, entre ellos a Romina Mercado, la hija de Alicia Kirchner; al empresario inmobiliario Osvaldo Sanfelice; al contador Víctor Manzanares; a Adrián Berni, César Andrés, Ricardo Albornos, Edith Gelves, Patricio Arandia, Emilio Martín, Jorge Bringas, Julio Mendoza, Martín Jacobs, Alejandro Ruiz y Oscar Leiva.
La causa es por la maniobra de lavado de dinero de 80 millones de pesos a través del alquiler de plazas hoteleras a las empresas de Lázaro Báez, quien se encuentra detenido y actualmente es juzgado en la causa conocida como la "ruta del dinero K". "Los planes criminales llevados adelante por esta organización criminal no se agotaban en el sistema de beneficios y prebendas a favor de los empresarios amigos, que de esta forma se enriquecían gracias a los vínculos trazados", sostuvieron los fiscales.
Hoy trascendió que al juez Julián Ercolini le fue enviado recientemente un escrito por parte de la Unidad de Información Financiera con el fin de que la causa sea enviada a juicio oral. El portal de noticias Infobae especificó que el citado texto suma por lo menos 200 páginas y la cúpula de la UIF sostiene en el mismo que en cuanto al caso Hotesur ya habría evidencia de que se trata de "una asociación ilícita destinada a apoderarse de los fondos públicos". "Y el reciclaje que se efectuó a posteriori y que conformara el desapoderamiento del dinero público", añade el documento.
Fuente El Intransigente
