Tras la presentación de un pedido de excepción por falta de acción presentado por Elisa Carrió, el juez federal Luis Rodríguez volvió a suspender por tercera vez la audiencia entre la diputada y Sergio Massa, que se había fijado a raíz de la denuncia por calumnias e injurias presentada por el ex intendente de Tigre, a quién la líder de la Coalición Cívica había vinculado con el narcotráfico en declaraciones periodísticas a fines del año pasado.
Mariana Stillman, abogada de Carrió, presentó el pedido en el juzgado federal en lo Criminal y Correccional 9 esgrimiendo que no hubo delito en las declaraciones de su defendida porque "se refieren a cuestiones de interés público eximidas por la ley penal", según explicaron a Infobae en el entorno de la diputada.
La abogada aludió a la inmunidad de opinión de Carrió ya que, de acuerdo al escrito presentado, "sus dichos están relacionados con su tarea como legisladora". La diputada y precandidata presidencial pidió así su sobreseimiento.
Massa y Carrió debían verse mañana cara a cara en el despacho del juez Rodríguez, que había agendado una nueva fecha para la audiencia tras el pedido de postergación presentado por la defensa del diputado un mes atrás.
En aquel momento, los abogados del jefe del Frente Renovador, Roberto Porcel y Roberto Ribas, solicitaron la suspensión de la conciliación por cuestiones de agenda: habían sido citados para el 18 de febrero, día de la marcha homenaje al fiscal Alberto Nisman convocada por un grupo de fiscales de la que participaron tanto el ex intendente como la diputada.
La primera fecha de audiencia, a fines de diciembre, se había pospuesto por orden del propio juzgado.
A fines del año pasado, "Lilita" había vinculado al ex intendente de Tigre con supuestos vínculos con el narcotráfico y lavado de activos. Massa reaccionó con una querella en la que la acusó por "falsa denuncia" y hasta pidió someterla a una pericia psiquiátrica.
Ahora, el magistrado deberá decidir la suerte de la diputada y el futuro de la presentación de Massa en base al escrito presentado por legisladores, que consta de unas 300 carillas con denuncias por narcotráfico radicadas ante la Justicia federal e investigaciones realizadas por la propia Carrió.















