Esta semana el proyecto para introducir modificaciones a la Ley de Alquileres obtuvo dictamen de comisión y se especula con que sea tratado en el recinto para su aprobación antes de fin de año. Los cordobeses que participaron de la discusión en la Comisión de Legislación Laboral que preside Daniel Lipovetzky, creen que se podría tratar el 7 o el 14 de noviembre. Cabe recordar que se trata de un proyecto que introduce modificaciones al de la kirchnerista Silvina García Larraburu que ya había obtenido media sanción de Senadores en el 2016. En ese lapso es que los empresarios y corredores inmobiliarios apuntan para calificar a esta iniciativa como una movida con fines electorales: “Esta es una medida netamente populista a pocos meses de comenzar un año electoral”, señala a PERFIL CORDOBA el presidente del Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de Córdoba (CPCPI), Leonardo Frankenberg.
Grieta inmobiliaria. Como se repasó en estos días, el proyecto de la nueva Ley de Alquileres generó su propia grieta. De un lado, corredores, firmas inmobiliarias y martilleros, es decir el core del negocio de intermediación inmobiliaria; del otro, los inquilinos que en los últimos años supieron agruparse en instituciones para ganar músculo representativo. Así, lo que unos ven como amenaza otros lo ven como un acto de reparo legal ante la imposibilidad de acceder a la vivienda propia. Todo parece indicar que la cuestión de fondo seguirá sin resolverse.
En disputa. Aunque hay varios puntos conflictivos, con el correr de los días surgen más detalles. El proyecto de ley plantea una relajación en la exigencia de las garantías con la posibilidad de que el inquilino pueda presentar un aval bancario; la comisión por el contrato pasa a ser pagada por el propietario; se extienden los contratos a tres años, y se incorpora una actualización semestral que se define por un mix entre suba salarial e inflación, entre otros cambios. “Lo que más nos preocupa son las garantías porque se cambian las tradicionales por un aval del banco y ahí vemos un negocio: los bancos harán el negocio de las garantías”, señala Juan Carlos López, de la inmobiliaria Terra y vocal del CPCPI. López señala un efecto puntual que tendría en Córdoba la extensión de los contratos a tres años: “Va a agregar costos porque en Córdoba tenemos la Ley de Sellos provincial que tiene una exención para contratos residenciales que no superen los $250 mil, pero en este caso prácticamente entrarían todos, porque al extender el plazo el valor contractual va a ser mayor”, apunta.
Comisiones. Es conocida la posición de los inmobiliarios en el sentido de que obligar al propietario a pagar la comisión de la operación terminará en un incremento del costo del alquiler. Otro efecto es que podría hacer caer la intermediación, ya que muchos propietarios volcarán al mercado de forma directa sus inmuebles. Para los inmobiliarios el planteo es otro: “Nosotros somos profesionales, no hablamos de comisión sino de honorarios y es grave que la Nación quiera regular lo que es potestad de la Provincia, como la regulación de honorarios profesionales. Esa ley es una potestad reservada de la Provincia”, señala López. Ante ese planteo, el argumento de los diputados es que la modificación recae sobre el Código Civil, que regula la Ley de Alquileres. “El tema está en el límite. Sucede que hoy, políticamente, le conviene al Gobierno porque de un lado hay una comunidad de ocho millones, que son los inquilinos en todo el país, y del otro a 65 mil profesionales y ante una elección que no pinta bien les conviene legislar”, dicen desde el Colegio profesional.
La renta. Finalmente, quedan las especulaciones sobre el impacto en el mercado. Para los inquilinos la modificación llega para aplacar situaciones de inferioridad en la capacidad de negociación que tienen las partes. Y creen que el mercado se acomodará. “No vemos que genere una retracción. Puede haber un reacomodamiento del mercado, pero la realidad es que la forma de alquilar en Argentina va llegar a una estabilización. Estamos buscando cambiar la cultura del alquiler. Si las inmobiliarias plantean que los dueños no van a ofrecer inmuebles, no es así. Sacar del mercado un inmueble no es lógico porque implica un gasto. Son amenazas y miedos que quieren imponer”, argumenta Maximiliano Vittar, de Inquilinos Córdoba. “Esto puede complicar la existencia de las inmobiliarias y la actividad de 5.000 profesionales que viven de los honorarios. Y llena de incógnitas al locador y al mercado de los rentistas. La renta está en el nivel más bajo en los últimos 30 años: estamos en una rentabilidad del 3%/4% anual en pesos, cuando hace unos años era del 8%/9%. Hoy no conviene una inversión en inmuebles y con esto la renta va a caer más”, señala López.
Rumbo a la Justicia Sobre lo que viene, y en vista de que el proyecto puede tomar forma de ley en las próximas semanas, Leonardo Frankenberg, presidente del CPCPI confirma que trabajan en dos líneas: una legislativa y otra judicial. El plano legislativo es en forma de lobby con legisladores provinciales por un cambio en las comisiones (honorarios, en palabras del Colegio): “Si se respeta que cada jurisdicción fije honorarios estamos hablando para que se modifique la ley laboral y que los honorarios se paguen 50% y 50%, que es lo que consideramos justo”, señala. Sobre la vía judicial, López detalla: “Estamos definiendo los pasos a seguir. Si hay que tomar un camino judicial lo haremos. La función del Colegio es preservar los derechos de los que trabajan bajo su matrícula y esto atenta contra la matrícula de los profesionales. Si hay que plantear la inconstitucionalidad de la ley lo vamos a hacer”.
